“Es un no absoluto”, así responde Erika López, guardiana de Malpelo, a la resolución del gobierno que busca regular la pesca incidental de tiburones en el país. Al igual que otros ambientalistas, la directora de la Fundación Biodiversity Conservation advierte que estas medidas ponen en riesgo a especies amenazadas, según la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
Esta semana el debate alrededor de la pesca incidental de tiburones se reavivó en Colombia luego de las polémicas declaraciones de la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, quien calificó de “racista” y “clasista” su prohibición.
El Gobierno presentó la resolución 0119 de 2024 que marcaría la ruta para la pesca de tiburón. El borrador explica que “se autoriza el aprovechamiento integral de los ejemplares de tiburones y rayas marinas capturados de manera incidental en las faenas de pesca por parte de las comunidades costeras que tradicionalmente han hecho uso de estas capturas”.
Uno de los argumentos del Ministerio de Agricultura y la autoridad pesquera para defender el “aprovechamiento” de la carne de tiburón es que miles de familias del Pacífico colombiano dependen de su consumo. Sin embargo, para López, quien vigila 24/7 las aguas de la Isla de Malpelo, un área protegida donde 5.000 tiburones son capturados cada año, la medida en “nada ayudaría a mejorar la situación de las comunidades pesqueras”.
“El Gobierno está tratando de tapar su deuda con estas comunidades con algo que no solo no va a ser la solución, sino que va a impactar uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo”, explicó la activista en diálogo con El País. Incluso, señaló que no es cierto que el tiburón sea el “alimento principal” de las comunidades costeras que, “se ven forzadas a usar cualquier cosa que caiga en su red”.
“Es un retroceso”
Erika López es una de las vigías de la fundación Biodiversity Conservation Colombia. Durante la mayor parte del año, su barco permanece en un único punto del globo terráqueo: la isla de Malpelo, a 270 millas náuticas de Buenaventura.
Conoce de cerca la pesca en el Pacífico y, por eso, advierte que con esta resolución “estamos dando un paso atrás”. En años anteriores, en Colombia se expandieron las áreas protegidas y se incrementaron las políticas para controlar la pesca ilegal de estas especies, pero el mensaje de hoy parece ir en contravía.
“Nosotros como Fundación estamos en la mitad del Oceáno defendiendo estas especies que hoy con tanta tranquilidad están poniendo en una lista de pesca incidental. Estamos vigilando el área protegida 24/7 y viviendo en la mitad del océano vigilando que estas especies no sean pescadas”, señaló.
Si bien la resolución el gobierno señala que las aletas de tiburones serían confiscadas, para la Directora de Biodiversity Conservation el panorama es crítico. Según dice, esta medida incrementaría el microtráfico de aletas, pues hay redes criminales que trafican con esta especie para enviarla de manera ilegal a países de Asia. “¿Van a poner personas en cada puerto y van a revisar cada bote? No lo han podido hacer nunca. Colombia no tiene control sobre la pesca y lo digo porque trabajo allá”, advirtió sobre las medidas de las autoridades.