El conflicto de la Cancillería de Colombia para adjudicar la licitación de los pasaportes que concluyó en la declaración de la ‘Urgencia Manifiesta’ por parte del Gobierno Nacional y la extensión por un año del contrato con Thomas Greg, ha llamado toda la atención de un lío jurídico que apenas está iniciando.
Esta situación se da cuando se creía que las largas filas y la congestión para tramitar el pasaporte en Colombia, las cuales se veían aproximadamente hace un mes en diversas partes del territorio nacional, se habían resuelto; sin embargo, este lío jurídico por aclarar desierta la licitación para la fabricación de visas y pasaportes aún continúa.
El pasado martes 24 de octubre, se conoció el documento que fue radicado ante la Procuraduría General de la Nación, en el que Thomas Greg se prepara para instaurar una demanda al Estado por la licitación de pasaportes y en la cual pidió al ente de control disciplinario que se le den $117 mil millones como conciliación extrajudicial.
Bajo este contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio enfrentan una solicitud de audiencia de conciliación extrajudicial, la cual fue presentada por la Unión Temporal UT Pasaportes 2023 a la Procuraduría General de la Nación y, por lo tanto, el canciller Álvaro Leyva deberá acudir a dicha citación cuya fecha fue fijada para el próximo 30 de noviembre en las instalaciones del ente de control disciplinario.
¿Demanda o Conciliación?
Es importante mencionar que en dicha audiencia se sabrá si hay una conciliación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y Thomas Greg o si la firma demandará a la Cancillería de Colombia.
La compañía radicó una petición ante el Ministerio Público en el que argumentaba que la Cancillería incurrió en “actuaciones administrativas ilegales y falsa motivación en las resoluciones 7485 y 7540″ y además, se declaró gravemente afectado por la decisión que tomó el Gobierno de no entregar el contrato por $599 mil millones para seguir fabricando los pasaportes en Colombia. Cabe recordar que la Contraloría General lo había advertido.
La decisión que tomó el Gobierno Nacional se dio luego de considerar que habían favoritismos sobre la firma que iba a enfrentar declaratoria de urgencia manifiesta, medida a la que la Cancillería acudió, debido al pare de la producción de los pasaportes, mientras se incrementaba la demanda de los mismos por parte de los ciudadanos.
Adjudicar el contrato
Como una alternativa para no pagar la millonaria compensación, la UT Pasaportes 2023 propuso como solución de conciliación la revocación de las resoluciones que declararon desierto el proceso de licitación y la adjudicación del contrato en su favor.
Por ahora, se espera que la Cancillería de Colombia de una respuesta oficial, luego de que se le notifique formalmente de la solicitud de conciliación.
Después de que los abogados de la compañía Thomas Greg (Unión Temporal Pasaportes 2023) presentó ante el Ministerio Público una solicitud de conciliación extrajudicial, la Contraloría General insistió en que la inminencia de la multimillonaria demanda era algo así como una “crónica de un lío jurídico anunciado”.
Y es que en la misiva enviada a la Procuraduría General por parte de Thomas Greg & Son cuenta todo lo que ha ocurrido, y el colapso en las citas y entrega de los pasaportes, como también, desde que inició el proceso hasta que la licitación en la que participaban fue declarada desierta.
Cabe mencionar que la firma se basó en fundamentos jurídicos que se amparan en varias leyes y sacan a relucir argumentos, de acuerdo con los cuales, la decisión se está pasando por alto los principios como la economía, transparencia, selección objetiva, adjudicación de oferta única, entre otras.