El pasado 11 de diciembre la Corte Constitucional tomó la decisión de declarar el estado de cosas inconstitucional (ECI) ante la violencia que no cesa contra los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, teniendo en cuenta que las cifras siguen en aumento a falta de menos de dos semanas para que finalice el 2023.
Y es que la decisión del alto tribunal, que involucra al Gobierno nacional, las Entidades Territoriales y la Fiscalía General de la Nación, fue resultado de contrastar información de fuentes diferentes: los expedientes de tutela seleccionados, los documentos aportados por las diferentes autoridades y organizaciones, así como en los informes recibidos con ocasión de la audiencia pública realizada por la Sala Plena.
Por lo tanto, este jueves 21 de diciembre la Defensoría del Pueblo dio a conocer al país el boletín que registra las amenazas contra quienes tienen como causa la defensa de los derechos humanos en los territorios rurales más apartados de Colombia.
La entidad resalta que en el país, entre los meses de enero y noviembre del presente año, han sido asesinados 163 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos.
“Como tema prioritario a abordar en la agenda de las mesas de negociaciones de paz que adelanta con grupos armados ilegales, el Gobierno Nacional debe exigir un punto fundamental de vida: el cese de los crímenes que destruyen la democracia en los territorios. Es angustiante lo que a diario viven quienes tienen como causa la defensa de los derechos de las personas, arriesgan todo el tiempo sus vidas por servir a las comunidades”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
El documento, que fue elaborado por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), resalta que en ocho departamentos se concentra el 66% del total de los homicidios. Cauca registra el mayor número de asesinatos, con 30, le siguen Antioquia (18), Nariño (16), Valle del Cauca (14), Córdoba (10), Bolívar, Norte de Santander y Putumayo (con siete casos cada uno).
“Justamente, estos homicidios coinciden con aquellas zonas del país donde delinquen los principales grupos armados ilegales, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, estructura conocida también como Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia, estos dos últimos grupos son disidentes de las Farc, y las estructuras del crimen organizado”, agregó Camargo.
Y concluyó que “en los territorios, los más afectados son lideresas y líderes comunales y comunitarios. De los 163 homicidios, 69 son contra quienes forman parte de ese tipo de liderazgos, actividad que se concentra en buscarles soluciones a los problemas básicos de las comunidades, por eso es tan crítica la situación”.
Por último, el órgano constitucional reportó que desde la firma del acuerdo de paz en el 2016 hasta el 2022 fueron asesinados 1113 líderes y lideresas sociales en el territorio nacional. En 2016, 133; en 2017, 126; en 2018, 178; en 2019, 134; en 2020, 182; en 2021, 145; en 2022, 215, siendo este último el año con el mayor número de homicidios.