En la mañana de este lunes la Procuraduría hizo la petición de suspender el proceso de selección que actualmente adelanta el Ministerio de las Culturas, las Artes y Los Saberes para la contratación de servicios dirigidos al fomento y difusión del patrimonio cultural colombiano, así como del manejo de actividades de los museos Nacional Rafael Núñez y Antonio Nariño, entre otros.
De acuerdo con el informe de evaluación del órgano de control, lo mencionado obedece a los riesgos evidenciados por el Ministerio Público en la adjudicación de la invitación pública y que finalmente fue concedida a la Fundación Arteria al obtener un puntaje de 69.30.
Las anomalías halladas en el proceso licitatorio las habría desencadenado la expedición de la Resolución 291 del 3 de abril de 2024 cuando el Ministerio de las Culturas, sin justificación alguna, decidió tumbar la Resolución 0225 del 19 de marzo que otorgó el contrato de más de 14 mil millones de pesos a la Fundación Arteria.
En ese sentido, dicha situación llama la atención porque hace unos pocos días la Fundación Arteria que participó en la licitación para ser el nuevo administrador del Museo Nacional y solicitó la revocatoria pese a que en un principio fue declarada la ganadora. Esto habría sucedido porque en una movida llegó otro contratista.
Cuando todo estaba listo luego de que el proceso se encontrara cerrado, la cartera cultural decidió designar otro comité evaluado y para la fundación de manera sorpresiva se les revocó la adjudicación el pasado miércoles 3 de abril.
Por su parte, el comité evaluador sostuvo que realizó un cómputo erróneamente, por lo que adjudica el contrato a la firma CorpoElite. Así las cosas, se ordenó realizar “el acto de adjudicación correctamente, en atención a los principios de transparencia e igualdad”.
El equipo del procurador Marcio Melgosa, delegado primero para la vigilancia de la función Pública, advirtió que durante la revisión de documentos encontraron una posible vulneración por parte del Ministerio de Cultura de los principios de economía, igualdad, selección objetiva, transparencia y buena fe al revocar sin razones claras la adjudicación de la invitación pública.
Y es que la Procuraduría resalta “que la entidad posiblemente incurrió en la expedición de un acto administrativo falsamente motivado” y con posible vulneración a principios de contratación.
Por último, el delegado indica que el proceso debe suspenderse hasta tanto la cartera cultural no realice un estudio detallado de las alertas hechas por el ente de control.