Óscar Naranjo, general retirado de la Policía Nacional, habla con seriedad y seguridad de temas, que aunque siendo políticos, maneja con propiedad. Sentado, cómodo, en uno de los sillones de la oficina de la casona por la que pasaron varios Vicepresidentes de la República (Gustavo Bell, Francisco Santos, Angelino Garzón y Germán Vargas Ll.), habla de temas que en su vida de policía los tuvo muy de cerca: la lucha contra las drogas, la inseguridad y el combate a las bandas delincuenciales, pero también conversa sobre la visita del papa Francisco.

El proceso de paz con las Farc es otro de los temas que aborda el vicepresidente, quien incluso se atreve a discrepar con su jefe, el presidente Juan Manuel Santos, quien sostuvo la semana pasada que aceptó algunos aspectos del acuerdo aunque no le gustaron.

Conocidas las cifras del crecimiento de los cultivos ilícitos en el país, ¿está seguro de que el plan que tiene para bajarlas es el adecuado?
Definitivamente sí. Este informe se presenta por primera vez desde 1999 en un país sin conflicto armado con las Farc, la variable estructural que impidió en el pasado eliminar los cultivos ilícitos. Pero hoy, sin ese conflicto, nosotros estamos seguros de que podemos avanzar con una estrategia que tiene dos grandes componentes: sustitución voluntaria de 50.000 hectáreas y erradicación forzosa de otras 50.000. Pero el énfasis nuestro desde el primero de enero de este año es que no haya resiembra, porque en el pasado, en los últimos 18 años, intervinimos 2 millones de hectáreas con erradicación forzosa, pero la resiembra era una respuesta inmediata que incrementaba nuevamente las hectáreas cultivadas.

Hoy, sin conflicto con las Farc y con una visión de transformación del territorio, de edificación de la paz, con unos programas de desarrollo territorial que van a impactar los territorios, nosotros confiamos que el problema de los cultivos no sólo va a revertir la tendencia de los últimos dos años sino que va a ser impactado con una reducción muy importante.

¿Entonces, con este plan, en el corto plazo los cultivos ilícitos bajarán a niveles históricos de menos de 60.000 hectáreas?
La meta de este año es ambiciosa, uno no puede ser triunfalista y pensar que no va haber resiembra, estamos pensando en intervenir cien mil hectáreas y esperamos reducir de forma importante las 146.000 reportadas. Estimamos que ese trabajo sostenido con cultivos legales cambiando los arbustos de coca hará realmente posible presentar rápidamente unos cambios de tendencia. De hecho, le estamos pidiendo a Naciones Unidas que el Simci (Resultados de búsqueda Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos) no solo haga un reporte anual, sino que nos desarrolle informes interanuales para ir midiendo la tendencias y no llevarnos sorpresas más adelante.

¿Considera adecuado este nuevo plan de sustitución de cultivos, ya que en el pasado ha habido malos resultados?
En el pasado la sustitución no tuvo éxito por la existencia del conflicto armado, realmente llevar cultivos legales a zonas de altísima confrontación con las Farc hacía imposible que hubiese un encadenamiento productivo sostenible. Hoy hay tres elementos que son inéditos: por primera vez en la historia de la lucha contra los cultivos ilícitos 86.000 familias han firmado 40 acuerdos voluntarios de sustitución; es decir, la inmensa mayoría de las familias cocaleras diciendo no queremos sembrar más y estar del lado del Estado con su asistencia.

Segundo, tenemos una Fuerza Pública -que en el pasado se empeñó en combatir y contener las Farc- que tiene unas capacidades al servicio del control territorial y por lo tanto esto garantiza presencia permanente e integral del Estado en esas zonas. Tercero, nos estamos preparando en poner en marcha los programas de desarrollo con enfoque territorial, que son realmente una capacidad nueva y multiplicadora de la oferta que tiene el Estado para esas zonas.

¿Cómo avanza el tema de la seguridad ciudadana?
Lo primero que hemos hecho es reconocer que los requerimientos de los ciudadanos en materia de seguridad han cambiado. En el pasado nos exigían resultados para eliminar el secuestro, combatir la extorsión y para disminuir la violencia, hoy hay una situación en donde el secuestro está en su piso histórico, es la cifra más baja desde que hay estadísticas; el homicidio hoy nos permite decirles a los colombianos que tienen la mejor tasa desde hace 42 años y estamos en un nivel de violencia disminuyendo de forma importante.

Pero hay delitos como el hurto que están impactando mucho a las comunidades. Estamos acercando las autoridades a los ciudadanos, también en reconstruir la confianza en la autoridad y el sistema de justicia y se trabaja en intervenir los focos delictuales que se identifican en las ciudades. En este propósito hemos avanzado en una alianza con el Banco Interamericano de Desarrollo donde ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Valledupar y Tumaco van a recibir un apoyo para tener una nueva herramienta tecnológica e informática que permita predecir el delito y entender por qué se presenta en unos espacios de esas ciudades.

¿Los guerrilleros que se quedaron en disidencia aumentan estos índices de inseguridad en la ciudad?
El acuerdo con las Farc produjo un agrupamiento muy alto de quienes integraban la organización, se dio la dejación de un poco más de 7000 armas y un número significativo de milicianos, pero es verdad que quedaron algunas disidencias que sumando entre todas pueden ser 400 hombres, que particularmente en Guaviare, Meta y Vichada, están teniendo un impacto sobre temas exclusivos de narcotráfico, pero no tenemos información de que las disidencias tengan impacto sobre la seguridad ciudadana.

¿Cómo avanza la seguridad para los líderes sociales en las regiones debido a la persecución?
Hay varios temas al respecto. El asesinato de líderes tuvo su pico más importante entre noviembre pasado y marzo de este año, ahí hubo una tendencia preocupante de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Pero desde marzo cambió la tendencia y está disminuyendo, no estamos satisfechos con esa disminución, pero hay que decir que para dar garantías de seguridad a esos líderes y las comunidades, se han puesto en marcha tres instrumentos muy poderosos. Se lanzó el cuerpo élite de la Policía para enfrentar esas estructuras criminales en las zonas que abandonaron las Farc; segundo, se pusieron en marcha dos planes piloto en Tumaco y Buenaventura; y tres, se reformuló la Operación Agamenón y se dio el lanzamiento de Agamenón II para luchar en el sometimiento a la ley de los cabecillas del llamado Clan del Golfo y hacer control territorial en esa zona de Urabá. También con la Defensoría del Pueblo se está mejorando en incrementar las capacidades de alerta temprana en el territorio.

¿La seguridad de los reinsertados es otro problema?
En los siete meses de posconflicto, desde noviembre a hoy, se han registrado seis casos de integrantes de las Farc. En algunos casos se trata de milicianos que no están sujetos a un sistema de protección porque hicieron su registro en la zona veredal y regresaron al municipio de origen. Los seis casos tienen motivaciones distintas, pero nos preocupa que se presente y que aquí el reto es no permitir que siga esa tendencia.

¿Qué le preocupa de la reincorporación?
El país duró 53 años en conflicto y llevamos siete meses de posconflicto. En este tiempo, si bien se quisiera que se avanzara más rápido, se han hecho cosas importantes que hacen que la paz y su implementación sea irreversible. Ahora que se produjo la dejación de las armas, llegó el momento de avanzar más rápidamente en las tareas de reincorporación, pero debo decir que el Gobierno tiene tres instancias comprometidas en esto.

El consejo nacional de reincorporación (derivado del acuerdo), donde hay un insumo importante porque por primera vez hacemos un censo de esas personas a reincorporarar para conocer no solo datos demográficos sino personales, del estado de salud, de sus orígenes.

¿Se podrá avanzar prontamente en el cumplimiento de las amnistías?
Confío en que habrá una solución definitiva pronto, confío en lo hecho, que es inédito, porque este tipo de amnistías en el pasado se surtieron con un trámite administrativo del Ejecutivo, pero acá en busca de transparencia y seguridad jurídica se recurrió a los jueces de cumplimiento de penas para que ellos avancen en ese proceso. Pero los tiempos de la justicia no son los tiempos del Ejecutivo y eso ha demandado tener paciencia y comprensión.

¿La preocupa en algo la reglamentación de la JEP?
El país tiene que recurrir a un modelo como el previsto de justicia transicional para cerrar un conflicto muy intenso. Ese modelo es integral, tiene un valor específico también la comisión de la verdad, lo mismo que las acciones de reparación y la no repetición. A la JEP debemos darle la oportunidad que comience a funcionar porque actuar sobre supuestos no nos va a permitir conclusiones certeras.

El presidente Santos dijo que hay algunos aspectos del acuerdo de paz que no le gustaron, ¿al general Naranjo que estuvo allá negociándolo qué no le gustó?
Yo respeto mucho al presidente, a los colombianos en función a la valoración que hacen del acuerdo, pero tengo que decir que para mí este es un acuerdo que ha sido eficaz para parar la guerra, el cese bilateral y definitivo se cumplió, es un acuerdo que crea un marco de oportunidades para transformar realidades que facilitaron el conflicto en ocasiones anteriores. Es probable que haya distintos sentimientos alrededor del acuerdo, pero soy uno de los que he dicho que para alcanzar la paz no hay que tener un contador de sapos sino de oportunidades.