Con preocupación se observa como casi a diario un menor de edad es asesinado en el país en circunstancias distintas. Las cifras son tan alarmantes que entre enero y agosto de este año se han cometido 375 homicidios contra niños y tan solo en las últimas dos semanas cuatro menores han aparecido muertos. Con el agravante, de que en varios de esos hechos, los presuntos responsables tenían antecedentes judiciales.
El caso más reciente tiene que ver con el asesinato de Santi Esteban Beltrán, de cuatro años, y Susan Camila Beltrán, de siete, en el sector de Las Ferias, en la localidad de Engativá en Bogotá. El autor sería su propio padre identificado como Darwin Felipe Beltrán, de aproximadamente 31 años, quien tiene antecedentes judiciales por violencia intrafamiliar en 2019. Además, de un proceso por receptación.
El crimen ocurrió la tarde del lunes 28 de octubre al interior de una vivienda de inquilinato ubicada en ese sector de Bogotá, luego de que al parecer Beltrán viera a su expareja y madre de los menores caminando con alguien más con destino a su residencia. Por eso, agarró a sus hijos y los asesinó. Medicina Legal determinó que el niño murió brutalmente golpeado, mientras que la niña fue atacada con arma blanca.
Tras cometer el crimen, Beltrán dejó una nota al lado de los cuerpos con la frase “los amo”; luego salió a la calle, hizo un gesto amenazante y volvió a entrar. Segundos después, su expareja arribó al sitio y salió casi que inmediatamente al darse cuenta de lo ocurrido. Mientras que el presunto asesino, al parecer, mostró el cuerpo de uno de los menores por la ventana, sin ningún arrepentimiento. Por lo que casi es linchado por la comunidad, de no ser por la intervención de las autoridades.
Luego de ser capturado, Beltrán fue presentando ante un juez, quien acogió la solicitud de la Fiscalía y lo envió a la cárcel, pero se declaró inocente, a pesar de que le confesó a Medicina Legal que sí era el autor de los hechos. “Me dio como un cuadro de locura y asesiné a mis hijos”, argumentó y sostuvo que sufre de trastorno bipolar y que ese día no tomó su medicamento.
Sofía Delgado es otra víctima reciente de la violencia contra los niños, y tal como Santi Esteban Beltrán y Susan Camila Beltrán, murió a manos de un hombre que ya tenía antecedentes penales. Se trata de Brayan Campo, quien tenía anotaciones por delitos sexuales y un proceso penal activo por presunto acceso carnal violento hacia otra menor, en 2018, pero fue dejado en libertad por vencimiento de términos.
La menor estuvo desaparecida durante 18 días. El 29 de septiembre, Sofía salió de su casa en Villagorgona, Valle del Cauca, para comprar alimento para su mascota, pero se encontró con Campo, quien la encerró y posteriormente la golpeó en la cabeza. Luego la llevó de inmediato a un cañaduzal cerca del poblado, en donde la enterró.
Ambos crímenes y en general la grave situación que están viviendo los menores de edad en el país han vuelto a abrir el debate sobre si se debe legislar para permitir condenas de cadena perpetua a abusadores y asesinos de niños, algo que en todo caso la Corte Constitucional ha dicho que no es válido. Pero también plantea el interrogante sobre las posibles grietas que se están presentando al interior de la justicia para que personas con antecedentes cometan ese tipo de hechos.
Ante estos interrogantes penalistas coinciden en que el problema no se trata de las sanciones que se le imponen a los agresores, sino en la manera en cómo se deben prevenir esos hechos. Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados de Colombia, hace énfasis en que se deben aplicar correcta y eficazmente las sanciones que ya existen, pero sobre todo fortalecer el sistema de protección de los niños, niñas y adolescentes.
Sobre ese debate, Norberto Hernández Jiménez, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, coincide en que la principal grieta no está relacionada con un endurecimiento de penas. Para él existe un problema de resocialización.
“El ideal de la privación no es únicamente castigar, sino buscar que esas personas cuando se reintegren a la sociedad puedan ser personas que no sigan cometiendo delitos. Pero es imposible hacerlo en un ambiente colapsado y hacinado como el que se ve en las cárceles”, sostuvo el académico, al señalar que debe haber un proceso de seguimiento y acompañamiento cuando cumplen sus condenas.
Otro punto que menciona Hernández Jiménez es el vencimiento de términos. Dice que el problema se centra en que el sistema judicial no está respondiendo adecuadamente a la celeridad que se le debe dar a muchos casos y eso termina en la libertad de los procesados, lo cual es un derecho que tienen. “Debe haber mayor inversión en término de más jueces y más fiscales que puedan actuar”.
Por último, ambos coinciden que la solución no es implantar cadena perpetua en el país. Propuesta que califica Hernández Jiménez como “populista”. En ese contexto, la justicia debe hacer mucho más, sobre todo en labores de prevención, para que la cifra de menores en el país no siga aumentando.