En las últimas horas, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, Opiac, denunció el asesinato de cuatro menores indígenas a manos de integrantes de las disidencias de las Farc del frente ‘Carolina Ramírez’ en Putumayo, en los límites entre Amazonas y Caquetá.
Tras la confirmación de los hechos, tanto la Oficina de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos como el presidente Gustavo Petro han reaccionado a los acontecimientos que estremecen al país.
¿Qué dice el gobierno?
Como es costumbre, el pronunciamiento del Jefe de Estado se dio a través de Twitter, donde catalogó la masacre como un “crimen atroz”.
“(...) Es una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario”, trinó el mandatario. Asimismo, dio a conocer que convocó una reunión extraordinaria de seguridad para “anunciar medidas frente a estos hechos”.
Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez se pronunció al respecto en la misma red social usada por el presidente Petro.
“Rechazamos y condenamos el atroz asesinato de los cuatro niños indígenas en Putumayo. Duele en el alma que niñas y niños paguen el costo de una guerra absurda. Seguimos trabajando de manera incansable por la paz de Colombia. Estos hechos crimínales no pueden quedar en impunidad”, señaló Márquez.
Tras lamentar los hechos, los cibernautas la criticaron por reaccionar un día después de la noticia. “Muy tarde”, escribieron algunos.
El defensor del Pueblo también se pronunció
La Defensoría del Pueblo rechazó el reclutamiento y homicidio de 4 menores de edad indígenas en el Putumayo a manos de la Disidencia Frente 1 Carolina Ramírez de las Farc. Los menores estaban escapando de ser reclutados.
“Rechazamos el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes indígenas en Leguízamo, Putumayo, pero de manera especial el homicidio de cuatro niños y adolescentes, miembros de la comunidad indígena Murui, luego de haber desertado de las filas de un grupo armado ilegal en el sector de El Estrecho, límite entre Caquetá y Amazonas”, manifestó Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo también solicitó a las autoridades atender las 44 recomendaciones previstas en la Alerta Temprana 002-2022 para el municipio de Leguízamo, especialmente, lo relacionado sobre el riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en ese sector del departamento, y de la cual se han realizado de manera permanente informes de seguimiento.
“Reclutar y asesinar niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas no son precisamente gestos de buena voluntad para alcanzar la paz. Además de ser evidentes violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que genera es el rechazo social y la desconfianza hacia los grupos armados que dicen tener intenciones de dialogar con el Gobierno de cara a un proceso de negociación”, puntualizó Carlos Camargo Assis.
Los hechos
La Opiac fue la primera en denunciar el asesinato de cuatro menos indígenas. De acuerdo con ellos, los hechos comenzaron desde el pasado 26 de marzo cuando miembros del frente Carolina Ramírez realizaron el reclutamiento forzado de Luis Alberto Matías Capera, un joven menor de edad perteneciente a la Comunidad de Guaquira del pueblo indígena Murui.
Según indico la Opiac, el joven intentó escapar junto a otros tres menores que se encontraban en su misma situación y quienes también formaban parte del pueblo Murui. Sin embargo, tras el exitoso escape, fueron ubicados y asesinados por los disidentes de las Farc.
“Tras el escape, el día 17 de mayo del 2023, en horas de la tarde y tras la búsqueda por parte del grupo armado organizado a estos jóvenes, fueron encontrados en la comunidad ‘el Estrecho’, en límites entre Caquetá y Amazonas, causándoles así la muerte con arma de fuego a cada uno de los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento”, señalan en la denuncia oficial.