El pasado 22 de mayo, el presidente Gustavo Petro informó que decidió suspender parcialmente el cese al fuego bilateral con las disidencias de las Farc, en concreto con la fracción denominada Estado Mayor Central, al mando de alias Iván Mordisco.
Esta decisión se tomó tras el asesinato de cuatro niños indígenas en el Putumayo a manos del Frente Carolina Ramírez del Estado Mayor Central, quienes estaban escapando de ser reclutados. “Un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. No hay justificación alguna para esta clase de crímenes”, indicó el Gobierno en un comunicado.
“Hoy, después de escuchar a delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad y debido a la grave violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumado a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población, el Gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2656 del 2022″, señaló entonces el gobierno Petro.
Ocho días después, se conoció el decreto con el que se oficializó el cese al fuego bilateral.
“Suspender parcialmente el cese al fuego bilateral y temporal de carácter Nacional (CFBTN), entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central FARC-EP, EMC, dispuesto mediante el Decreto 2656 del 31de diciembre de 2022, en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo”, dice el artículo 1 del decreto.
Por su parte, el artículo 2 señala que “mientras esté suspendido el cese al fuego (...) ordenar la reanudación de todas las operaciones militares y operativos policiales en contra delos miembros del Estado Mayor Central”.
Disidencias anunciaron arremetida contra las elecciones
En respuesta a la decisión del presidente Petro de levantar el cese al fuego tras la masacre los menores indígenas, el Estado Mayor Central emitió el pasado 27 de mayo un comunicado amenazó y puso en la mira a las elecciones regionales del mes de octubre.
La amenaza es de tal tamaño que, incluso, vetaron regiones completas del país, por encima de las Fuerzas Militares y de Policía, afirmando que son zonas donde ellos tienen “control político militar”.
“Entendiendo que en Colombia hay partidos políticos, sectores militaristas, dirigentes políticos o congresistas que atizan la guerra y que pretenden desarrollar la campañas electorales regionales en áreas sobre las que tenemos control político militar, se les informa que desistan de ingresar a dichas áreas, no son bienvenidos, serán devueltos de nuestros puntos de control”, señaló el atemorizante comunicado.
Se trata de un escandaloso veto territorial de una organización que tiene presencia en los llanos, Nariño, la Costa Pacífica, el Catatumbo, entre otras regiones del país.
En la advertencia, que hacen pública luego del fin del cese al fuego, además señalan que “a los candidatos locales y/o provenientes de las comunidades les sugerimos respetuosamente que rechacen los apoyos de partidos o congresistas de partidos tradicionales o guerreristas y candidatos promovidos o apoyados por la doctrina paramilitar”.
La amenaza de las disidencias de las Farc es de tal tamaño que se atreven a advertir que impondrán sus propias leyes en los territorios, llevando incluso a detener a las personas, conforme a las normas de la misma organización, haciendo referencia a un documento que había sido publicado por las Farc, hace 23 años, denominado “ley anticorrupción”.