El exsecretariado de la extinta guerrilla de las Farc anunció, este 8 de octubre, a la Jurisdicción Especial para la paz, JEP, que renuncia a la presunción de inocencia sobre todos los crímenes que fueron cometidos por ese grupo armado durante el conflicto en territorio nacional.

“Notificamos que renunciamos a nuestro derecho universal a la presunción de inocencia, respecto a todos los hechos, conductas previamente definidos y contrastadas que hasta ahora nos han sido atribuidos en todos los Macrocasos investigados en esta Jurisdicción y en las que hemos aceptado nuestra participación y responsabilidad, y la seguiremos aceptando”, dice la carta emitida por el secretariado del antiguo grupo armado.

Además, en el documento el secretariado destacó que asumen la responsabilidad por los actos de violencia cometidos y pidieron se les imponga una sola sentencia en su contra, la cual agrupe todos los delitos. “Solicitamos que se emita una única Resolución de Conclusiones, en la que se incluyan todos los hechos, conductas, prácticas y casos que sobre cada uno de nosotros obren en conocimiento de la Sala”, precisa el documento de ocho páginas.

En el texto, los excomandantes del entonces grupo guerrillero, quienes firmaron el Acuerdo de Paz en 2016, pidieron a la JEP y todas sus Salas y Despachos que, “a la mayor brevedad”, emitan su decisión de fondo sobre los procesos que les adelanta el tribunal.

El documento fue dirigido a la Jurisdicción Especial para la Paz. | Foto: JEP

Según detallaron, con esta decisión se busca que ellos puedan “reconocer nuestra responsabilidad plena y trasladar el análisis unificado de nuestra situación a la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal de manera tal que se puedan establecer las sanciones propias consagradas por la ley”.

La solicitud fue firmada por Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granada y Jaime Alberto Parra y en ella, además, se trasladen todos los procesos y sentencias que “reposan en la justicia ordinaria y que se asuma la competencia por los procesos y condenas ocurridos fuera del territorio colombiano que se haya cometido durante, con ocasión y en relación directa o indirecta con el conflicto armado”.