Fabiola Perea, una de las exempleadas de la ahora canciller Laura Sarabia, ha presentado una solicitud formal ante la Procuraduría General de la Nación, exigiendo una indemnización por prejuicios ocasionados por las interceptaciones ilegales a las que fue sometida hace dos años, cuando estaba siendo investigada por el robo de una millonaria suma de dinero de su exjefe.
Ahora, Fabiola Perea, una de las víctimas de estas interceptaciones, ha decidido exigir una reparación económica de 450 salarios mínimos legales mensuales vigentes (Smlmv), es decir, aproximadamente 640 millones de pesos por los perjuicios sufridos.
Además, la petición señala que las disculpas deben extenderse a todas las víctimas de las interceptaciones ilegales y contar con la participación de las personas directamente implicadas en el escándalo, sean o no funcionarios públicos en la actualidad.
Las acusaciones que destruyeron su vida laboral
Perea y Marelbys Meza, la otra víctima del caso, fueron incluidas en un listado de personas vinculadas con el Clan del Golfo bajo los alias de La Cocinera y La Madrina, lo que permitió justificar la interceptación de sus comunicaciones. La Fiscalía determinó posteriormente que esta vinculación era falsa y había sido utilizada como pretexto para espiarlas.
Hace dos años, cuando el escándalo de las chuzadas salió a la luz, la exempleada se enteró por medio de las noticias. “Dios mío, se me vino el mundo encima”, expresó Perea en una entrevista con Blu Radio, recordando el momento en que se enteró de que había sido interceptada y señalada con el alias de La Cocinera, vinculándola a un grupo criminal.
Según la solicitud presentada, tras la exposición mediática de su caso y los señalamientos en su contra, Perea no ha logrado conseguir empleo, lo que ha afectado gravemente su estabilidad económica y la de sus cinco hijos.
Además de la millonaria indemnización, la mujer también reclama que las entidades involucradas en el escándalo, entre ellas el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Fiscalía, realicen un acto público de desagravio en el que se reconozca su inocencia y se admitan los errores cometidos.
“Me refiero a Laura Camila Sarabia Torres y demás funcionarios públicos. Acto que deberá ser difundido a través de las redes sociales de cada entidad, y en medios de comunicación públicos de orden nacional, por un espacio igual al que duraron las interceptaciones ilegales”, detalla el documento presentado ante la Procuraduría.