El Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer, a través de un comunicado emitido en las primeras horas de este viernes, que la Corte Internacional de Justicia en La Haya dará a conocer el próximo 13 de julio su fallo en el proceso que se adelanta entre Colombia y Nicaragua por los derechos territoriales marítimos.

La decisión será leída en dos semanas desde el Palacio de la Paz, en La Haya (Países Bajos), a las 3 de la tarde en territorio neerlandés, es decir, sobre las 8 de la mañana en Colombia.

En este proceso, Nicaragua alega dos cosas. Primero, “tener derecho a una plataforma continental extendida, es decir, derechos sobre el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura de su mar territorial”, y que, por lo tanto, “solicita que la CIJ realice una delimitación entre su supuesta plataforma continental extendida y la plataforma continental de Colombia”, detalla el comunicado de la Cancillería.

Colombia y Nicaragua mantienen una tensa relación por sus límites en el mar Caribe.

En resumidas cuentas, el país centroamericano asegura que debe ser propietario de una extensión marítima mayor a la que tiene en la actualidad, la cual es jurisdicción de Colombia hasta el momento.

Para evitar que el tribunal de justicia internacional acceda a las pretensiones de Nicaragua, el Gobierno Nacional entregó cinco argumentos que sustentan por qué no es posible dar el visto bueno a estos cambios y la razón por la cual la propiedad de Colombia está bien sustentada en ese territorio marítimo:

  • El régimen jurídico de la plataforma continental más allá de 200 millas marinas que invoca Nicaragua no debería ser considerado como parte del derecho internacional consuetudinario y, por lo tanto, no es oponible a Colombia.
  • De acuerdo con el derecho internacional consuetudinario, los derechos de Colombia a una zona económica exclusiva, con su correspondiente plataforma continental de 200 millas marinas, prevalecen sobre las pretensiones de plataforma continental extendida de Nicaragua.
  • Nicaragua no ha respetado el procedimiento convencional ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental ni ha cumplido su carga de la prueba en el proceso.
El exprocurador general Carlos Arrieta, el expresidente de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda y el raizal Kent Francis James hacen parte del equipo de abogados encargado de defender los intereses de Colombia ante Nicaragua.
  • Los derechos de terceros Estados se verían directamente afectados por la reclamación nicaragüense en el Caribe suroccidental.

“En sus intervenciones durante las audiencias, el equipo jurídico de Colombia profundizó en cada uno de sus principales argumentos, sustentó su posición en la teoría del derecho del mar contemporáneo, así como en numerosos ejemplos de práctica estatal y de opinio juris que respaldan los alegatos nacionales, e insistió en el hecho de que las dos cuestiones planteadas por la Corte no implicaban entrar en discusiones sobre delimitación marítima. Con base en esta posición, Colombia contestó de manera negativa las dos preguntas formuladas y le solicitó a la Corte cerrar de manera definitiva el caso”, concluye el documento del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cabe recordar que este es el proceso que se ha desarrollado a partir de la segunda demanda que Nicaragua interpuso contra Colombia. Son, en total, tres, dos de las cuales ya han sido completadas.

En 2012 se resolvió la primera de ellas, la cual se recordará por haberle significado al territorio nacional una reducción de espacio marítimo, sin embargo, se decidió que debía mantenerse la soberanía de Colombia en el archipiélago de San Andrés y Providencia, el cual era uno de los objetivos del gobierno nicaragüense.

La tercera demanda se resolvió hace más de un año, en abril del 2022. Allí Nicaragua sostenía que Colombia estaba incumpliendo el fallo del 2012 y que seguía imponiendo su jurisdicción en el territorio entregado al país de América Central, sin embargo, la Corte no accedió a las pretensiones que este tenía sobre la manera en la que se debía medir su extensión marítima. Pero tampoco fue un triunfo total para Colombia, pues solo ganó una de las seis demandas que se estudiaron dentro del proceso.