Este jueves 2 de mayo, la Sala de Amnistía de la Jurisdicción Especial Para la Paz (JEP), le dio la orden a la Policía Nacional, Interpol, Dijín y a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que den inicio a los respectivos trámites para que eliminen los antecedentes judiciales de 9.600 firmantes de paz de la extinta guerrilla de las Farc-EP que recibieron amnistías.
Según el tribunal de paz, esto se da luego de que recibieran amnistías otorgadas por medio de un decreto de la Presidencia de la República por los delitos políticos cometidos durante el conflicto armado interno.
En la extensa decisión, la Sala de Amnistía o Indulto ordenó materializar los “efectos de los beneficios jurídicos de los firmantes de paz y garantizar su reincorporación de manera eficaz” tras el Acuerdo firmado en el 2016.
En la parte resolutiva, la JEP asegura que “remitió a la Agencia Nacional de Reincorporación las certificaciones que dan cuenta de la inclusión de las personas en los decretos presidenciales que otorgaron la amnistía de iure a los antiguos miembros de las extintas Farc-EP. Lo anterior, adoptando las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los firmantes del Acuerdo de Paz”.
Asimismo, hizo la solicitud a la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN) para que dé a conocer a cada uno de los beneficiarios de las amnistías de las que trata la orden primera de este Auto, que se encuentren en proceso de reincorporación, la información sobre los beneficios otorgados.
Y también hizo una petición a la Oficina del Alto Comisionado para la paz para que dentro de 30 días, remita a la Secretaría Ejecutiva de la JEP “toda la información relativa a los beneficios jurídicos otorgados a los firmantes del acuerdo final de paz, así como las resoluciones expedidas sobre la aceptación de listados proveídos por representantes de las Farc, y en general toda aquella información recopilada sobre los firmantes de paz para la toma de decisiones en la fase previa, entre otras, la base de datos que consolida la información acopiada sobre personas pertenecientes a las Farc que para ese momento se encontraban privadas de la libertad indicando autoridad del caso y establecimiento carcelario en el que se cumplía dicha privación”.
La magistrada Diana Vega Laguna de la Sala de Amnistía asegura que los beneficios de estas amnistías hacia los firmantes fueron otorgados en el 2017 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, del cual nació este tribunal de paz a raíz de los acuerdos pactados para la desmovilización de las antiguas Farc.
“Estas amnistías -no todas- han sido materializadas y por eso ellos (los firmantes) han tenido tropiezos por los antecedentes judiciales que les aparecen en la Procuraduría y la Policía. Dimos esa orden para que la Policía elimine los antecedentes judiciales que tengan que ver con esas amnistías que ya fueron otorgadas para que los firmantes tengan un proceso de reincorporación exitoso y tranquilo”, aseguró Vega.