Este viernes 21 de marzo se desarrolló la rendición de cuentas de la fiscal Luz Adriana Camargo, en la cual, la funcionaria expuso las cifras de casos de violencia que reporta el país en su primero año de liderazgo en la Fiscalía General de la Nación, y posterior a esto realizó algunas declaraciones, entre ellas se pronunció frente al polémico anuncio del presidente de Colombia.
El pasado jueves 20 de marzo, Gustavo Petro ordenó el allanamiento a los dispensarios de medicamentos, en medio una visita que realizó al Centro Médico 11 de Noviembre, en Norte de Santander, donde destacó la crisis que afrontan el país por la falta de insumos médicos.
No obstante, la fiscal aclaró que Petro no tiene la facultad de realizar tal ordenamiento, ya que estas acciones solo pueden ser exigidas por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una investigación penal.
“Las investigaciones son y deben ser, tanto en lo seccional y nacional ordenados, donde cada uno realiza sus competencias, donde hay actividades de investigación que requieren autorizaciones de los fiscales”, explicó la fiscal.
De igual manera, la funcionaria recordó que “las competencias de investigación radican en la fiscalía general de la nación, y es la única que puede ordenar actividades de investigación”, dejando en claro los límites del Ejecutivo en este tipo de procedimientos.
Esto se da porque Petro afirmó que el “Ejército y la Policía tienen que estar disponibles” para esa función, a lo que la servidora pública reafirmó su postura y aclaró que los uniformados cumplen con otras funciones asignadas. “Es muy claro tener cuáles son las competencias de nosotros y hasta donde vamos”, añadió
A pesar de la controversia generada por las declaraciones del presidente, Camargo señaló que hasta el momento no hay investigaciones abiertas por la presunta retención de medicamentos. No obstante, advirtió que la Fiscalía sí ha venido adelantando pesquisas desde hace varios años sobre posibles desvíos de recursos en el sector salud, como parte de investigaciones estructurales en el sistema.
“La investigación está en la Dirección Especializada contra la Corrupción, están mirando temas sobre la presunta pérdida de recursos públicos en las EPS, de la destinación de recursos que conoce la opinión pública, de temas de algunas EPS y del mismo sistema. Todo eso hace parte de nuestras investigaciones estructurales”, enfatizó.
El debate sobre la escasez de medicamentos y la actuación de los gestores farmacéuticos sigue escalando en el país. Petro ha acusado a estas empresas de retener insumos esenciales para afectar la imagen del gobierno, mientras que desde distintos sectores han cuestionado la legalidad de la orden presidencial y sus implicaciones en el Estado de derecho.