La Fiscalía General de la Nación informó que abrió una investigación sobre un posible caso de corrupción que se estaría dando en la destinación de recursos públicos a las EPS por medio de la Unidad de Pagos por Capitación (UPC), entre las irregularidades detectadas se encuentran el pago de horarios no laborados y el pago de implementos no requeridos en el plan de salud, entre otros.
Durante la reunión extraordinaria que se adelantó en la mañana de este lunes, 8 de abril, en las instalaciones de la Contraloría, la cual fue liderada el contralor (e) Carlos Mario Zuluaga, y en la que hizo parte la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, se confirmó que la entidad ya tiene una noticia criminal sobre ese informe que reveló los fallos de responsabilidad fiscal que se han emitido por cerca de tres billones de pesos contra Instituciones Prestadoras de Salud (IPS).
Ante la decisión de la Fiscalía, se iniciará las investigaciones penalmente las irregularidades que ha detectado la Contraloría con los recursos públicos que se le está destinando al sistema de Salud en Colombia.
El contralor Zuluaga detalló que estos dineros terminaron en malos manejos como el pago de horarios no laborales y compra de implementos que no necesitan en el plan de salud.
Además, el controlador advirtió que “los informes que presentamos hoy dan cuenta de que hemos proferido fallos de responsabilidad fiscal por unos 3 billones de pesos en contra de IPS, hemos tenido malos manejos en relación con los recursos de la salud, específicamente de la UPC (Unidad de Pago por Capitación)”.
Por otro lado, quien también acompañó el encuentro fue el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el que mencionó que se hará un seguimiento detallado a los actos de corrupción que se vienen denunciando en el funcionamiento del sistema de salud y los graves hallazgos que reveló en un informe la Contraloría.
En ese orden, la Fiscalía establecerá mesas de trabajo para que se pueda hacer seguimiento detallado al informe de la Contraloría, con el fin de determinar las responsabilidades penales de quienes estarían haciendo mal uso del dinero para la salud de millones de colombianos.