Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, vinculado a una investigación por irregularidades de contratación.
Dicha decisión ya fue comunicada al Gobierno nacional para que se ordene la suspensión del cargo y garantice el funcionamiento administrativo del departamento de Antioquia.
Los elementos recopilados en el proceso contra Gaviria indican que, en su primer periodo como gobernador de ese departamento (2004-2007), incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.
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"El fiscal del caso encontró que en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó casi 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia", señaló la Fiscalía en un comunicado de prensa.
Agregó que se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión generó que el contratista invirtiera más de 10 mil millones de pesos en maquinaria y equipos.
"La investigación evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública. Una, representó cerca de 4 mil millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, , sí se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia)", acotó el ente judicial.
Comentó que este último asunto, que comprometió más de 16 mil millones de pesos, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original.
"Para la Fiscalía, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación", afirmó el Fiscal General Francisco Barbosa.