La Fiscalía le imputó "cargos relacionados con actos de corrupción" a siete empresarios de la firma CB&I y de la Refinería de Cartagena (Reficar) por el millonario aumento del presupuesto para la ejecución de las obras de ampliación y modernización de esa instalación.
La entidad indicó que la imputación la hizo ante el Juzgado 16 Penal Municipal de Bogotá "por las irregularidades que se habrían presentado en la modernización de la infraestructura de Reficar y que ocasionaron sobrecostos por un valor superior a los 610.140 millones" de pesos (unos 202,1 millones de dólares).
En un comunicado, la Fiscalía detalló que "deberán responder penalmente" Philip Kent Asherman, representante legal CB&I, y Massoud Deudehban, director de Proyectos y representante legal de la firma en 2009.
También fueron imputados el expresidente de Reficar Orlando José Cabrales, el miembro de la junta directiva Pedro Alfonso Rosales Navarro.
De igual forma el presidente de Reficar (2012-2016) Reinoso Yáñez, el vicepresidente jurídico Felipe Arturo Laverde Concha y el revisor fiscal entre 2013 y 2015, Carlos Alberto Lloreda.
"Los empresarios están vinculados a la investigación por la suscripción de dos contratos, acuerdos y enmiendas con la firma CB&I, supuestamente, sin el cumplimiento de los requisitos legales de contratación administrativa y estatal, en hechos ocurridos desde el 20 de enero de 2009 hasta diciembre de 2010", según la Fiscalía.
Este miércoles, Reficar indicó en un comunicado que seguirá colaborando activamente con la Fiscalía y demás entes de control en desarrollo de las investigaciones relacionadas con el proyecto".
La ampliación y modernización de la refinería comenzó en 2009 y estaba presupuestada en 3.993 millones de dólares, pero finalmente costó 8.016 millones, es decir 4.023 millones de dólares más de lo previsto.
Reficar, de propiedad de la petrolera estatal Ecopetrol, fue puesta en marcha en octubre de 2015 por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
En el documento de hoy, Reficar indicó que avanza en el arbitraje comercial internacional contra CB&I, "con el fin de recuperar los mayores costos ocasionados por la deficiente planeación y ejecución del contrato de ingeniería, procura y construcción a cargo de esta firma contratista".
Poco antes, Ecopetrol aseguró en un comunicado que junto a Reficar "obran como víctimas en el proceso penal".
El pasado 23 de junio, la Procuraduría General abrió una investigación disciplinaria contra nueve directivos de Reficar, e indicó que indaga "las circunstancias que llevaron al aumento en el presupuesto de la obra, que pasó de 3.777 millones de dólares a 8.016 millones de dólares entre 2011 y 2015".
La investigación disciplinaria alcanza a Gloria Inés Cortés, Uriel Salazar, Astrid Martínez, Carlos Gustavo Arrieta, Natalia Gutiérrez, Hernando Zerda y Carlos Erazo, que eran miembros de la Junta Directiva de Reficar.
También a Nicolás Isaksson y José Alfonso Marrugo Roa, líder del Grupo Legal y vicepresidente administrativo de Reficar, respectivamente.
A finales de abril, la Fiscalía anunció por su parte que imputará cargos a ocho directivos y exdirectivos de Reficar.
En ese entonces, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, comparó en una rueda de prensa el tamaño de este caso de corrupción con el de la constructora brasileña en el país.
"Esto equivaldría a 18 Odebrecht, o a 12.000 viviendas gratis", afirmó entonces el funcionario.