La Fiscalía General de la Nación y el Ejército Nacional intervinieron con fines de extinción de dominio, 47 bienes avaluados en más de $15 mil millones, que estarían en poder de presuntos testaferros de las Farc.
El reporte del ente acusador reveló que entre las propiedades se encuentran 25 inmuebles urbanos, nueve sociedades, cinco inmuebles rurales, cinco embarcaciones, dos vehículos y un establecimiento de comercio.
Para llevar a cabo el proceso de extinción, fueron necesarios dos operativos. El primer reporte confirma que los 47 inmuebles estarían bajo el poder de supuestos testaferros de los frentes 44 y 48 del desmovilizado grupo guerrillero de las Farc.
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Andrea Malagón, Directora Especializada en Extinción de Dominio precisó que “la investigación comenzó con base en el testimonio de un subversivo desmovilizado quien señaló a Édgar Herrera Cardona, Irene Arcila Pantoja, Gladys María Romo Melo, José Armando Tovar Cobo y Guillermo Ruíz León como integrantes de la comisión de finanzas de dicho frente y recibían dinero producto del narcotráfico en pequeños montos, cada 20 días o cada mes”.
Las investigaciones también arrojaron que “los recursos eran destinados a la compra de material de intendencia, víveres y medicamentos, o insumos para el procesamiento de drogas ilícitas”.
Las personas hoy investigadas, al parecer, utilizaban como fachada el transporte de madera extraída de Amazonas para camuflar la droga producida por la organización en los troncos huecos. El estupefaciente llegaba a las bodegas de las empresas en Bogotá y el Eje Cafetero.
Colaboradores frente 44 de las Farc
En el segundo operativo, las autoridades judicializaron a Margarita Gallego Gómez, señalada, por desmovilizados de las Farc, como integrante del grupo de testaferros de la estructura guerrillera desmovilizada.
Las investigaciones indican que Gallego Gómez supuestamente recibía pagos en efectivo y, en algunas ocasiones, base de coca para el pago de sus actividades, que consistían en transportar mercancías o remesas por el río Guaviare.
Según la investigación, utilizaba embarcaciones como lanchas, voladoras y canoas. En este caso el valor de los bienes incautados asciende a $600 millones y están representados en cinco embarcaciones, dos vehículos y un inmueble urbano.