Ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación confirmó que ratificó en segunda instancia la acusación en contra del excongresista Tiberio Villarreal, por su presunta participación en la denominada “masacre de La Rochela”, que dejó 12 personas muertas y tres heridas, el 18 de enero de 1989, en zona rural del municipio de Simacota, Santander.
Este crimen que sucedió hace más de 35 años fue cometido por un grupo paramilitar, lo cual fue el resultado de una alianza entre estos insurgentes con narcotraficantes del Cartel de Medellín y miembros del Ejército Nacional. Las víctimas fueron funcionarios del poder judicial que se encontraban en dicha del departamento de Santander haciendo investigaciones sobre distintos delitos que sucedían allá.
La investigación da cuenta de que al parecer el exparlamentario tuvo reuniones en varias oportunidades con líderes paramilitares del Magdalena Medio para recibir apoyo político y financiero.
En medio de uno de los encuentros ilícitos con el cabecilla paramilitar conocido como alias Vladimir, habría presionado para que fueran asesinados los integrantes de una comisión judicial que investigaba la desaparición de 19 comerciantes de la región y les robaran el expediente y la evidencia relacionada con el caso.
En atención a esa instrucción, hombres armados interceptaron a los funcionarios y, con el pretexto de que tenían información valiosa, los llevaron por una vía rural, donde fueron emboscados por una estructura a cargo de alias “Vladimir”.
En la acción criminal murieron dos jueces, dos secretarios de despacho, seis investigadores judiciales y dos conductores. Por lo tanto, el excongresista deberá responder en juicio como posible responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir.
“El procesado deberá responder en juicio como posible responsable de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y concierto para delinquir”, señaló al respecto el ente acusador.
Este juicio contra Villarreal lo ejecutará la Fiscalía teniendo en cuenta los parámetros de la Ley 600 de 2000, el cual es el sistema inquisitorio. Por último, es importante mencionar que este proceso judicial hace parte de los diversos casos de las relaciones entre paramilitarismo y política, lo cual ha sido conocido en la opinión pública como parapolítica.
*Con información de Colprensa y redacción de El País.