La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, adscrita a la Fiscalía General de la Nación, se pronunció sobre la situación jurídica del exdirector de Protección del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el coronel en retiro de la Policía Nacional Manuel Antonio González Henríquez, por su posible participación en el homicidio del excandidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990.
“El exoficial fue vinculado formalmente como presunto responsable de los delitos de homicidio con fines terroristas, concierto para delinquir y porte ilegal de armas o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, deberá cumplir medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia, en atención a lo previsto en la Ley 600 (anterior Sistema Penal)”, asegura el ente investigador.
Agrega en el comunicado que el coronel (r) González Henríquez tuvo a su cargo entre 1989 y 1990 “la coordinación de los esquemas de protección de candidatos presidenciales, altos funcionarios del Estado y otras personalidades públicas. Al parecer, aprovechando este cargo realizó cambios y rotaciones imprevistas del personal de seguridad del dirigente político, lo cual facilitó el actuar del sicario y el cumplimiento del plan criminal”.
Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos le imputó de los delitos antes descritos y decidió que el exuniformado deberá cumplir medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar de residencia, en atención a lo previsto en la Ley 600, anterior Sistema Penal.
Cabe destacar que el pasado 27 de abril, María José Pizarro, hija del fallecido Carlos Pizarro en hechos ocurridos hace 34 años, solicitó una reunión con la Fiscal General Luz Adriana Camargo, a través de una carta, para revisar los avances de la investigación sobre el homicidio de su padre.
“Le solicitamos una reunión en la fecha y hora que usted disponga, con el propósito de abordar los avances, dificultades y perspectivas investigativas en el proceso por este magnicidio que cumple 34 años de impunidad”, se leía en dicha carta.
Además, la senadora indicó que su familia lleva más de tres décadas esperando justicia y asimismo toda Colombia “merece conocer a los máximos responsables de este crimen de lesa humanidad” que ocurrió dentro de un avión en pleno vuelo. El sicario que cometió el delito fue asesinado por los escoltas del entonces candidato presidencial.