Después de que este 2 de enero, Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de Piedad Córdoba, se declarara culpable por el delito de narcotráfico ante la Corte Federal para el Distrito Sur de Nueva York, la Fiscalía en Colombia inició una indagación preliminar para rastrear los bienes del hombre y su núcleo familiar, incluida la senadora Piedad Córdoba.

“Entre julio de 2021 y febrero de 2022, yo participé de una conspiración para la distribución de 500 gramos o más de cocaína que iban a ser enviados a Estados Unidos y yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal”, confesó Álvaro Córdoba ante la Corte de Nueva York.

Álvaro Córdoba fue capturado en Medellín en febrero de 2022. | Foto: SEMANA

Vale decir que el cargamento, en el que habría ayudado a coordinar su envío el hermano de Piedad Córdoba, era superior a los 500 gramos. Una cantidad por la que podría recibir una condena de hasta 5 años de cárcel, de acuerdo con lo que decida la Corte, que dictará la sentencia el 11 de abril de 2024.

Por otro lado hay que aclarar que la orden de rastreo había sido emitida por la fiscal coordinadora de la policía judicial en 2022 cuando se dio la captura de Álvaro Córdoba, en Medellín, pero fue después de la confesión de culpa del hombre que se trajo a colación.

El rastreo de lo bienes no solo se centraría en los de Álvaro, sino que también se evaluarían los de su padre, su madre y sus nueve hermanos, incluyendo los de la polémica congresista Piedad Córdoba.

Álvaro Córdoba ha sostenido que su captura se dio por un entrampamiento.

Se habla de alrededor de 20 activos valorados en cerca de 4.000 millones de pesos, una camioneta de servicio público, un inmueble en Medellín y una propiedad asociada a su hijo en Wellington, Florida. De esta manera, Piedad Córdoba volvería a estar en el ojo del huracán, después de que sus propiedades quedaran bajo escrutinio por parte de la Corte Suprema de Justicia de Colombia a razón de un posible enriquecimiento ilícito, según la decisión del tribunal que se dio en noviembre de 2023.

Piedad Córdoba fue llamada en noviembre a indagatoria para responder por delitos de enriquecimiento ilícito, falsedad en documento y peculado. | Foto: GUILLERMO TORRES

En el documento de 61 páginas de la Corte Suprema de Justicia se exponen los argumentos que llevaron, tras años de investigación, su vinculación formal al proceso por sus relaciones con las Farc, el Gobierno de Venezuela desde tiempos de Hugo Chávez, y con un gigantesco carrusel de comisiones a cambio de facilitar pagos a empresarios colombianos desde el Gobierno del país vecino