El gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, se declaró inocente este viernes de los delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación porque presuntamente habría entregado durante casi una década contratos estatales a personas vinculadas con la guerrilla del ELN.
Castillo, de 46 años, "habría entregado la contratación pública de ese departamento a personas relacionadas con el ELN" entre 2012 y 2021, dijo el fiscal general Francisco Barbosa a medios el jueves.
Según la imputación de la Fiscalía, Castillo, durante sus dos períodos como gobernador (2012 – 2015 y 2020 – a la fecha) habría pactado un acuerdo financiero, a través de contratos estatales, con presuntos integrantes del frente Domingo Laín Sáenz de ese grupo ilegal.
El financiamiento a estos grupos aseguraría que continuaran con su actuar delincuencial, a cambio de logística y protección militar para su seguridad y desplazamientos por los municipios de la zona, para lo que se reunió con altos mandos del ELN en Arauca y Venezuela.
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En el departamento de Arauca, el ELN se disputa el control de las rentas del narcotráfico y la minería ilegal con grupos paramilitares y disidentes de la exguerrilla de las Farc que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016.
Este grupo rebelde reúne a casi 2.500 combatientes, según cálculos del centro de estudios independiente Indepaz.
En la audiencia, la Fiscalía advirtió que se adelantan más de 60 investigaciones contra Castillo y que tan sólo durante 2012 – 2015, entregó ocho contratos a Jhonny Alexander Bello Ortega alias ‘El Gordo Johnny’, los cuales ascienden a 5.300 millones de pesos.
La millonaria suma incluye objetos como: estudios y diseños de vías, proyectos de espacio público, infraestructura educativa, entre otros, sin cumplir los requisitos legales y fueron manejados por la guerrilla para “financiar sus estructuras y mantener ese control territorial y social en la región”.
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Además, durante ese periodo el mandatario habría recibido apoyo ilegal para ser elegido como gobernador, a cambio de millonarias sumas de dinero, así como porcentajes de la contratación del departamento, en donde Incluso los campesinos y pobladores de Arauca eran movilizados por la guerrilla para que votaran por Castillo Cisneros en las elecciones regionales.
Por su parte, de acuerdo con la Fiscalía, entre 2019 y 2021 “fue reconocido el poder político y económico de José Facundo Castillo al interior del ELN, por parte sus milicianos, quienes constantemente estaban al servicio de su seguridad personal y de la administración de las fincas de su propiedad, en atención a los acuerdos que existían entre ambas partes”.
Estos acuerdos consistían, según la Fiscalía, en la entrega de dinero entre 1.000 y 2.000 millones de pesos al ser electo gobernador y la participación del 10% del valor de cada contrato adjudicado, además de la entrega de información sobre el movimiento de las tropas y la desmilitarización de zonas para la realización de actividades ilícitas.
El ente acusador aseguró que adelanta una investigación por estos mismos hechos contra Ricardo Alvarado Bestene, antecesor de Castillo en la gobernación y quien también estaría involucrado en hechos de corrupción durante las tres últimas administraciones en ese departamento.