El Gobierno de Colombia llamó a consultas a la embajadora en Guatemala, Victoria González Ariza, luego de que la Fiscalía de este país asegurara que las elecciones en las que resultó elegido Bernardo Arévalo como presidente, no son válidas.
A través de un comunicado, la Cancillería mencionó que el Gobierno de Gustavo Petro “condena enérgicamente las recientes acciones del Ministerio Público de la República de Guatemala, las cuales constituyen una clara afrenta a la institucionalidad democrática del país y al sistema democrático interamericano”.
Además, indicaron que “dichas acciones pretenden abiertamente usurpar y desconocer la voluntad popular expresada en el claro mandato de las urnas”.
De acuerdo con el Gobierno colombiano las interferencias del Ministerio Público, a su vez Fiscalía General de Guatemala, “únicamente buscan impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera asuman los cargos, para los cuales fueron elegidos en un proceso libre y soberano, según lo constataron los observadores internacionales”, aseveraron.
“El Gobierno de Colombia reitera lo manifestado sobre este tema en ocasiones anteriores, en el sentido de que debe prevalecer el respeto a la Constitución Política del país y a las normas electorales”, agregó el comunicado.
Por consecuencia, el Gobierno de Colombia informó que mantiene en consecuencia el llamado a consultas de su Embajadora, provocado también por una acción de la Fiscalía de Guatemala, “contraria a derecho”.
Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro ya se había pronunciado sobre este hecho en su cuenta de X -antes Twitter-, donde calificó como “golpe de Estado” lo sucedido en Guatemala.
“Estamos frente a un golpe de Estado en Guatemala. La OEA debe actuar de inmediato. Todo el apoyo al pueblo guatemalteco. Una fiscalía que ha encubierto el narcotráfico y la corrupción actúa contra la democracia”.
¿Qué sucede en Guatemala?
La Fiscalía de Guatemala aseguró este viernes que sus investigaciones determinaron que las elecciones en las que resultó elegido Bernardo Arévalo, contra quien lleva a cabo una ofensiva judicial, son “nulas” por supuestas irregulares en la primera vuelta.
En conferencia de prensa, la fiscal Augenia Morales afirmó que hubo anomalías en las acta finales de cierre de escrutinio” por lo que “son nulas de pleno derecho para las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados, corporaciones y diputados al Parlacen (Parlamento Centroamericano)”.
La funcionaria explicó que los formatos finales “no fueron aprobados por el pleno del Tribunal Suprema Electoral (TSE)”, por lo que no fueron autorizados y no debieron utilizarse para consignar los resultados.
El jefe de la fiscalía contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, presente en la rueda de prensa, aseguró que toda “la información que fue consignada en el acto de cierre y escrutinios en todas las juntas receptoras de votos deberías de anulare”.
“Esta información penal nosotros la vamos a presentar al Tribunal Supremo Electoral para que ellos la puedan analizar en los próximos días” y serán esa institución la que “logre establecer lo que pueda suceder”, la que “tomará la decisión al respecto”, aseveró.
En la misma rueda de prensa, la Fiscalía también señaló a Arévalo de supuestas ilegalidades en la formación de su partido, Semilla, en 2018, además de un presunto caso de lavado de dinero, por lo que insistió en que se debe retirar su inmunidad de presidente electo.
Las acusaciones de este viernes son un nuevo intento de la Fiscalía, dirigida por la fiscal general, Consuelo Porras, por evitar que Arévalo, quien sorpresivamente ganó los comicios en segunda vuelta en agosto, asuma el poder el 14 de enero, según sus partidarios.
Mientras tanto, horas después, el Tribunal Electoral de Guatemala afirmó que los resultados de las elecciones en que resultó elegido presidente Bernardo Arévalo “están oficializados y son inalterables”, luego de que la fiscalía asegurara que deberían ser anuladas por supuestas irregulares en la primera vuelta.
“Los resultados están validados, están oficializados y son inalterables (...)”, los funcionarios electos “deben tomar posesión” en enero próximo, “de lo contrario hay rompimiento del orden constitucional”, afirmo en rueda de prensa la presidente del Tribunal, Blanca Alfaro.
La magistrada aseguró que “las credenciales” de los candidatos elegidos fueron emitidas y la fiscalía “no tendrían ninguna facultad” para hacer que el TSE anule unas elecciones, “salvo una sentencia que venga de la Corte de Constitucionalidad (CC, el máximo ente judicial)”.
“Nuestro presidente es don Bernardo Arévalo y nuestra vicepresidenta, Karin Herrera” y ya recibieron sus credenciales como funcionarios elegidos, al igual 340 alcaldes, 160 diputados al legislativo y 20 al Parlamento Centroamericano”, afirmó.
*Redacción El País con información de AFP.