Una controversia mediática se ha generado este martes, por la divulgación de la compra de 23 camionetas blindadas de la Policía Nacional, por un valor superior a los nueve mil millones de pesos. Las críticas se dan por la realización de la compra pese a la emergencia por el Covid-19.
Según se explicó, la Policía Nacional emitió las órdenes de compra para adquirir los destinados para la protección del Presidente por más de 9.640 millones de pesos.
Voceros del Gobierno aclararon que los recursos para dichas compras fueron asignados en octubre de 2019 para la ejecución presupuestal de 2020. La Policía reseñó que las más de 20 camionetas que se adquirieron se entregarán en noviembre próximo con un “ahorro cercano a los 190 millones de pesos".
La información de las camionetas tanto para la Corte Suprema como para la Presidencia se hizo pública a través de la página Colombia Compra Eficiente.
Sobre los vehículos para los magistrados de la Corte Suprema, el director ejecutivo de la corporación, Mauricio Cuesta, también aclaró que los recursos que se usaron para dicha compra fueron aprobados en el presupuesto de 2019.
Además, explicó que al menos 21 de las 51 camionetas, destinadas a los magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y la Sala de Laboral de Descongestión, estaban alquilados por un valor de $14.800.000 mensuales, que al año por vehículo representaban un costo de más de 170 millones de pesos.
El funcionario señaló que cada vehículo nuevo tipo camioneta tiene un valor de 260 millones de pesos, precio similar a un año y medio de alquiler de los vehículos antes mencionados.
Según Cuesta, a la administración judicial le sale mucho más económico comprar los vehículos, que tendrán un uso estimado de ocho a 10 años, que seguirlos rentando, pues los 21 tendrían un valor superior a los 3.000 millones de pesos.