Después de que se presentaran dos casos de feminicidio en las últimas horas en Bogotá, el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Justicia, sancionó una ley que le quita los beneficios penales que tienen las personas condenadas por delitos de género.
Se trata de la ley 2356 de 2024, la cual lleva la firma y autorización de la vicepresidenta, Francia Márquez, y por el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
Es importante tener en cuenta que esta norma aplica para quienes ya fueron condenados, además para quienes se encuentran en detención preventiva.
Desde el Ministerio de Justicia se asegura que esta medida tiene como objetivo asegurar que las sanciones y protocolos de seguridad relacionados con los delitos de feminicidio sean cumplidos en su totalidad en las instalaciones penitenciarias.
“La suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión; ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley”, dice el articulado.
El segundo punto es enfático en resaltar que por ningún motivo una persona condenada por feminicidio, podrá acogerse a la detención domiciliaria.
“No procederá la sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario, por detención domiciliaria”, dice el documento.
Feminicidios en Colombia
Según cifras proporcionadas por la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, en lo corrido de 2024, se han registrado en el país 90 feminicidios, es decir, casi 4 casos por semana, de los cuales 61 fueron a manos de sus parejas o exparejas.
Así mismo, la Defensoría del Pueblo reportó 1.310 casos de violencia en contra de la mujer en los dos primeros meses del año, 59 de ellos “corresponden a mujeres que sobrevivieron a un intento de feminicidio y nueve, a mujeres víctimas de feminicidio”.
Por otra parte, el Observatorio Colombiano de Feminicidios registró hasta el mes de abril un total de 271 feminicidios, 80 de ellos tan solo en el mes de marzo, con presencia en dieciocho departamentos del país, es decir, en el 56% del territorio nacional.
Con información de Colprensa.