Un nuevo decreto tendría la nueva administración con el cual se verían beneficiados muchos jóvenes que querían acceder a la educación superior. Lo anterior sería por una reglamentación de ley de gratuidad en la educación superior pública del país, la cual fue sancionada por el presidente el pasado 31 de julio de 2023, donde se delimitan los requisitos para poder acceder a la universidad.
El decreto estaría firmado en los próximos días de este mes, de ser así esto le costaría a la nación $17 billones durante los próximos 10 años.
Según información de Blu Radio, el presupuesto para el 2024 ya estaría, pero para los años siguientes, se deberá incluir en el presupuesto general de la nación.
Cabe destacar que lo que cubre este programa de gratuidad es el valor de la “matrícula ordinaria neta”, excluyéndose el “pago de derechos pecuniarios por cursos intersemestrales, derechos de grado, cobros complementarios, extraordinarios, extemporáneos, administrativos ni ningún otro derecho pecuniario”. Es importante aclarar que solo se puede cursar un pregrado por persona.
Tras lo anterior, el Ministerio de Educación será la entidad encargada de definir los criterios de priorización y adjudicación del beneficio.
Según una publicación de Blu Radio sobre el decreto “anualmente, desde el Presupuesto General de la Nación, deberán ser dispuestos los recursos necesarios para garantizar el pago del valor de la matrícula de los/las estudiantes de las familias más vulnerables que cursen programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas”.
Universidades públicas Vs. privadas: el dilema que plantea la nueva reforma educativa en Colombia
Ante la Cámara de Representantes, la ministra de Educación, Aurora Vergara, presentó el proyecto de ley estatutaria que busca reformar la educación en el país, el cual recibió serias críticas de parte de rectores de universidades privadas.
Esta reforma educativa propuesta por el gobierno Petro revivió el debate sobre si se deben fortalecer las universidades públicas o las privadas, o cómo lograr el equilibrio entre las dos. Por lo que la exlíder estudiantil y actual congresista Jennifer Pedraza y el exrector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman hablaron sobre cómo enfrenta la reforma este dilema.
Por un lado, Wasserman destacó que la principal brecha se encuentra en el sistema de educación básica y media, que actualmente no se encuentra en un proceso de reforma. Añadió: “Los dos componentes, el público y el privado, son heterogéneos, con instituciones muy buenas y otras no tan buenas. En ambos casos, la Reforma, por supuesto, debe tratar de mejorar a todos”.
Además, enfatizó la importancia de la Reforma Educativa para mejorar la calidad de la educación y lograr una cobertura adecuada en el país. Afirmó que es necesario encontrar un equilibrio que no comprometa la autonomía universitaria y educativa, pero que ponga un gran énfasis en estrategias efectivas para mejorar el aprendizaje.
Por su parte, Pedraza resaltó: “es un gran avance que el proyecto de ley estatutaria reconozca la educación como un derecho fundamental y que incluya, sobre todo, en el bloque las características que las Naciones Unidas definen para los derechos económicos, sociales y culturales, específicamente para la educación. Esto implica: la adaptabilidad, la asequibilidad, la accesibilidad y la aceptabilidad de este derecho”.
El exrector destacó la importancia de la participación de las universidades privadas en la discusión de la propuesta de la ley estatutaria. “Hay que recordar que casi el 50 % de los estudiantes de educación postsecundaria y postmedia están en universidades privadas. Me parece que es un reclamo legítimo. Esperaría que participen en estas discusiones sobre la propuesta de la ley estatutaria”, afirmó.
Así entonces, Wasserman señaló que muchos de los problemas planteados no requieren una nueva ley para ser resueltos y que es crucial evitar que la legislación sustituya acciones más complejas como la calidad y formación de los profesores universitarios.