El ministro de Defensa, Iván Velásquez anunció ayer viernes 8 de marzo, que que el Gobierno Nacional tomó la decisión de reducir la meta de erradicación forzada de cultivos ilícitos para el año 2024 que será de 10.000 hectáreas. Cifra que representa una reducción del 50 % frente a la meta fijada el año pasado.
Según explicó el líder de la cartera de Defensa, la determinación se debió a una instrucción del Gobierno y a la protección que por vía judicial se le ha dado a las regiones a lo extenso del territorio nacional.
Desde que Gustavo Petro llegó al Gobierno ya había anunciado una limitación y se había señalado que la erradicación forzada solo estaría dirigida a cultivos industriales, no contra los campesinos pobres cultivadores de coca.
En cuanto a lo dicho por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la caída en un 70 % en la erradicación de los cultivos ilícitos, generando alertas, el ministro Velásquez aseguró que las cifras van en disminución y que el Gobierno cuenta cuenta con el sistema de medición CIMA. Además señaló que “la ventaja es que este seguimiento se realiza cada tres o cuatro veces al año”.
Frente a lo dicho por Naciones Unidas que en el país hay 230.000 hectáreas de cultivos ilícitos, el Ministro dijo que ese organismo solo hace la medición una vez por año.
En una rueda de prensa organizada después de que se llevara a cabo la Cumbre de Seguridad, el ministro Velásquez aseguró que la prioridad en este año será “la sustitución a la legalidad de los cultivos de familias campesinas del país y la lucha contra el latente problema del narcotráfico”.
Es de recordar que en julio del año pasado (2023), el gobierno de Joe Biden, abandonó de manera silenciosa un monitoreo satelital que se le hacían a los cultivos ilícitos. En ese momento un portavoz del Departamento de Estado, dijo que sería de manera temporal, pero no dio fecha para la reanudación de la recopilación de datos.
Tampoco explicó por qué se suspendieron y mucho menos se sabe, si estos estudios satelitales iban a comtinuar en Perú y Bolivia, que junto a Colombia, representan aproximadamente la mitad de la producción de coca en la Región Andina.