El escándalo por presuntos hechos de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, sigue dejando consecuencias.
El presidente Petro retiró de sus cargos a los implicados, la consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga.
Ahora el Presidente anunció que suspende pagos a varias corporaciones, “todo giro prestablecido por la UNGRD a Corpourabá, Corantioquia y municipio de Girón quedan suspendidos. Buscaremos que dichos dineros lleguen a las zonas de desastre”.
Como se recordará, Sneyder Pinilla, quien fungía como subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) al momento de la compra de los carrotanques para la Guajira, denunció varios hechos de corrupción esta semana.
El exdirectivo dijo que varios funcionarios, entre ellos, la Consejera para las Regiones, habrían ofrecido $4000 millones al presidente del Senado, Iván Name y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, para presionar la aprobación de las reformas y que el dinero habría salido de la Unidad Nacional del Riesgo, del contrato de carrotanques.
Ante esto, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, ordenó este viernes iniciar las actuaciones disciplinarias “que sean pertinentes”.
La jefa del Ministerio Público, a su turno, determinó la apertura de las indagaciones disciplinarias “por los presuntos actos delictivos y de corrupción que, al parecer, involucran a altas dignidades del órgano legislativo, incluidos los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, así como a otros altos funcionarios del Estado”.
Cabello pidió, de acuerdo con la Procuraduría, un “completo recaudo probatorio para esclarecer las denuncias ventiladas de manera pública”, que hablan de millonarias coimas. En concreto, presuntamente Name recibió $3.000 millones y Calle, $1.000, como parte de un direccionamiento irregular de contratos en la UNGRD.
La disposición de la Procuraduría se suma a la indagación previa que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en el despacho del magistrado Francisco Farfán, adelanta en contra de Name, Calle y otros posibles aforados que pudiesen estar involucrados en el escándalo.