La Procuraduría General de la Nación emitió este martes 29 de agosto un comunicado en el que informó que el decretó 1085 de 2023, que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira, es inconstitucional.
En un concepto rendido ante la Corte Constitucional, la procuradora Margarita Cabello, indicó que este decreto analizado declara una emergencia con base en hechos que no son sobrevinientes y pueden ser atendidos por medio de los mecanismos ordinarios que ya existen.
Margarita Cabello Blanco señaló entonces que el decreto que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en La Guajira (1085 de 2023) es inconstitucional.
“Si bien no se desconoce la gravedad de la crisis de acceso y cubertura de servicios básicos vitales en La Guajira, se trata de una problemática que responde a factores estructurales y, por consiguiente, debe ser superada por las autoridades a partir de una buena gestión de los instrumentos institucionales construidos a través de la experiencia, es decir, sin otorgarle facultades extraordinarias al Gobierno nacional”, indicó la jefe del Ministerio Público en el comunicado.
Cabello agregó que para superar la crisis social y económica que se vive en este departamento, “el Gobierno está en mora de acatar las órdenes de atención en favor de la población emitidas por la Corte Constitucional en el trámite de cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira”.
La Procuraduría también indicó que el gobierno del presidente Gustavo Petro debe implementar eficazmente la política pública diseñada para responder a las dificultades crónicas que afectan a esta región y acudir a las medidas especiales para la gestión del riesgo, calamidades y desastres por factores climáticos contenidas en la ley.
“Resulta inadmisible la pretensión del Presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta La Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia, desestimando las medidas a su alcance dispuestas por el legislador, las instancias técnicas del Ejecutivo y la Corte Constitucional para atender en el corto, mediano y largo plazo la situación estructural que afecta al departamento”, resaltó Cabello.
Por último, Margarita Cabello indicó que el Ministerio Público no desconoce la grave situación de La Guajira, solo que su existencia no es emergente y requiere una solución por las vías normales previstas en la carta política.
“Este pronunciamiento se limita a retomar la doctrina que prohíbe la utilización expansiva de los poderes excepcionales de la emergencia para resolver problemas crónicos o estructurales, sin que ello quiera decir en modo alguno que éstos deban quedar huérfanos de consideración por parte de las autoridades”, puntualizó Margarita Cabello.
Cabe recordar que, el pasado 27 de julio del presente el presidente Gustavo Petro expidió los decretos con los que declara la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira por 30 días. Esta decisión busca, según el mandatario, atender 11 sectores para enfrentar la crisis humanitaria que vive este departamento del norte del país.
“El Gobierno enfocará sus esfuerzos en los sectores de salud, agua y saneamiento básico, agropecuario y rural, medioambiental, educación, energía, transporte, tributos e inversiones, inclusión, tecnologías de la información y las comunicaciones y medidas presupuestales, planeación y contratación”, indicó la Presidencia.
Uno de los puntos principales sobre los que el Gobierno pondrá especial atención es la salud. Allí, se espera que se tomen medidas que garanticen el buen funcionamiento del sistema en el departamento, agobiado por la corrupción y la falta de recursos.