El domingo 25 de agosto el presidente Gustavo Petro hizo una alocución presidencial en la cual tocó el tema de las tarifas de energía, la cual en los últimos tiempos ha sido un dolor de cabeza para el bolsillo de los colombianos por sus altos costos. El mandatario lanzó una propuesta: “cambiar la formula tarifaria en el corto plazo, ya”.
Ante esto, distintos gremios como Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas y Ser Colombia, se pronunciaron en las últimas horas con el objetivo de realizar algunas aclaraciones en los distintos aspectos que pronunció el mandatario durante su alocución.
En primer lugar, sobre esa propuesta del jefe de Estado, sostuvieron que si se puede llevar a cabo, siempre y cuando se cumplan con los criterios del régimen tarifario y que cuente con el debido proceso, con tiempos suficientes de consulta y análisis de impacto respectivos.
En cuanto a si Colombia es el país de América Latina donde el costo de energía no está regulado por el Estado, aseguraron que es incorrecto debido a que las Leyes 142 y 143 de 1994 establecen que en el país el costo unitario del servicio de energía está regulado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) por medio de la definición de una formula tarifaria, la cual dice qué se puede o no trasladar en la tarifa.
“Las empresas ofrecen precios acorde con las condiciones del mercado y del sistema que deben considerarse, como las condiciones climáticas cada vez más severas que afectan los embalses de las hidroeléctricas, el incremento en los precios de los combustibles y el atraso en la entrada en operación de los proyectos que se esperaban”, señalaron los gremios.
Asimismo, dejaron en claro que la estructura tarifaria está diseñada para ubrir los costos operativos, lo cual significa que el costo de la energía si está regulado.
En lo que respecta a que la formula tarifaria es formula matemática que supuestamente favorecen a las pocas empresas que generan la energía y que perjudican a los ciudadanos, aclaran que no es correcto debido a que esta es diseñada por la Creg con el objetivo de asegurar que los usuarios puedan recibir el cobro de costos eficientes de energía, y que se eviten practicas abusivas en el mercado frente a la participación de pocos agentes.
“Las fórmulas tarifarias están diseñadas para cubrir los costos y asegurar la inversión en infraestructura, en términos competitivos e incentivando el capital necesario. Los gremios no apoyamos conductas contrarias a la Ley, como tampoco declaraciones sin sustento ni previa investigaciones, por lo cual instamos al Gobierno Nacional a que de encontrarse alguna evidencia de ello, se adelanten las investigaciones y acciones pertinentes, como corresponde”, aseguraron al respecto.
Sobre las críticas del presidente Petro por las decisiones judiciales de las altas cortes por revocar los nombramientos que su gobierno había realizado sobre los comisionados de la Creg, los gremios fueron contundentes en afirmar que aquellos se han anulado porque “no han cumplido los requisitos de Ley” y resaltaron que los expertos siempre deben tener un perfil técnico para poder asumir los cargos.
“Hoy el Presidente tiene todas las facultades y la orden para el nombramiento de estos funcionarios en su totalidad. Actualmente faltan tres cargos en propiedad (dos pendientes de nombramiento y uno que aún está en encargo a pesar de la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca refrendada por el Consejo de Estado sobre el nombramiento en propiedad)”, advirtieron.
Y con relación a la implementación de fuentes de energías renovables no convencionales, los gremios esclarecieron que si son aliados tanto de la integración de estos como de comunidades energéticas. Pero a la vez advierten que el Gobierno Nacional debe tomar acciones articuladas entre las diferentes entidades públicas para agilizar la puesta en marcha de las fuentes renovables, debido a que estas “requieren una inversión significativa y planificación para integrar eficientemente en el sistema existente”.
“Las comunidades energéticas contribuirán a la mayor participación del usuario en la transición energética, pero también deben considerar los costos iniciales y la infraestructura y el mantenimiento necesarios, así como la vigilancia de los recursos públicos que se asigne en estos casos”, concluyeron los seis gremios.