Hay mucho temor en el municipio de Buriticá, al occidente de Antioquia, después de un atentado que grupos armados ilegales ejecutaron en la madrugada de este viernes 17 de enero, en contra del proyecto minero operado por la multinacional Zijin Continental Gold en esa zona de Colombia.
En una comunicación escrita y enviada por la Zijin a la Agencia Nacional de Minería, ANM, y a las máximas autoridades departamentales y nacionales, se conoció que alrededor de las 2:47 a.m. de ese viernes, un grupo de mineros ilegales, con uso de explosivos, fracturó el macizo rocoso y conectó sus actividades ilegales a las labores de la empresa, en el socavón de Higabra.
Posteriormente, a las 3:18 a.m., las mismas personas lanzaron una carga explosiva de alto poder desde la nueva conexión, lo que ocasionó que se destruyera una subestación eléctrica de esta empresa.
De igual manera, los funcionarios de la multinacional expresaron que dicha subestación tiene capacidad de 750 kVa y que es la principal instalación de suministro eléctrico en la mina Higabra.
“Tras la destrucción de la subestación eléctrica y las fuentes de energía de respaldo debido a los explosivos lanzados en contra de la estructura, toda la producción en las áreas por debajo del nivel 1180, que representan el 90 por ciento de la capacidad del proyecto, quedó completamente interrumpida”, confirmaron en la comunicación escrita.
A raíz de esta situación, la compañía extranjera manifestó su profunda preocupación, porque el atentado además causó una interrupción generalizada en las comunicaciones que se mantenían en el subsuelo por medio de radio, así como afectaciones en los sistemas de ventilación y bombeo, los cuales quedaron fuera de servicio. Esto último provocó una rápida acumulación de gases tóxicos, lo que obligó a que se evacuara de forma inmediata a todos los trabajadores.
“Este ataque generó el colapso del sistema de bombeo lo que ocasionó una rápida inundación en las plataformas negativas principales, impidiendo el bombeo de agua hacia la superficie, lo cual implica un gran riesgo de seguridad para nuestro personal, infraestructura y medio ambiente”, explicaron desde Zijin, buscando el apoyo de las autoridades para superar esta situación.
La situación es de suma gravedad, ratificaron desde la compañía, puesto que la zona que fue afectada por el atentado está catalogada como de altísimo riesgo, en tanto que se encuentra a escasos 50 metros del Raiseborer principal del sistema de ventilación del socavón conocido como Higabra.
“La pérdida de este Raiseborer podría obligarnos a cesar nuestras operaciones, dada la insuficiencia del sistema de extracción de gases generados en el interior de la mina”, agregaron desde la multinacional.
Frente a este panorama, la multinacional solicitó de manera urgente que se conforme e instale un Puesto de Mando Unificado, PMU, y que sea liderado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de el municipio de Buriticá, José Luis Rodríguez.
Igualmente, les solicitaron medidas contundentes y rápidas a las entidades de orden nacional para garantizar el derecho al trabajo de los funcionarios de la empresa: “Reiteramos nuestra solicitud de intervención urgente por parte de ustedes como autoridades y órganos de control en defensa de la vida e integridad de nuestros empleados, contratistas y colaboradores, así como en pro del futuro y continuidad de nuestra operación, en aras de enfrentar una situación creciente que tiene afectada a la compañía”, agrega la comunicación escrita.
Luego de estos hechos, este sábado 18 de enero, la Asociación Colombiana de Minería, ACM, emitió un comunicado en el que reiteró la solicitud de acciones urgentes ante la grave amenaza que representan estos actos violentos para los trabajadores de esta compañía, pero que a la vez consideran como una forma en la que los grupos delictivos buscan “desestabilizar las operaciones legales en la región, para favorecer la expansión de bandas criminales y terroristas”.
Por eso, desde la agrupación de mineros recordaron que este último atentado no es un hecho fortuito o asilado, todo porque en menos de un mes se han registrado tres hechos similares en operaciones mineras en diferentes puntos del país, lo que califican como “un patrón de violencia sistemática, para controlar los recursos y perpetuar la ilegalidad en los territorios”.
“Es inaceptable que las organizaciones armadas al margen de la ley actúen con total impunidad, poniendo en riesgo no solo la vida y la seguridad de los trabajadores, sino también la estabilidad económica de comunidades enteras que dependen de la minería legal. Estos ataques no solo buscan despojar al país de sus recursos, sino que también debilitar el orden institucional y la confianza en el Estado”, afirmó Juan Camilo Nariño, presidente de la ACM.