De los $70 mil millones perdidos por el caso de Centros Poblados, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solo ha recuperado $2.000 millones y presentado demandas por $345 mil millones en indemnización por perjuicios.
“Es vergonzoso lo que ha pasado con la recuperación de los recursos de Centros Poblados, $70 mil millones que se robaron y hasta hoy no se han recuperado, sino $2.000 millones”, denunció Mauricio Lizcano, ministro TIC.
En junio de 2021 se conoció que la Unión Temporal – Centros Poblados presentó garantías bancarias falsas con el fin de quedarse con el millonario contrato de MinTic para conectar a poblaciones vulnerables en zonas rurales de Colombia, y que implicó además el giro irregular de un anticipo por $70.000 millones.
El MinTIC es uno de los acreedores en el proceso de liquidación de un socio de Centros Poblados, con una deuda de $127 mil millones. El Ministerio dijo que solo recibirá dinero o algún bien que se pueda convertir en dinero de manera inmediata.
“A la Fiscalía le ha faltado compromiso en ayudarnos a recuperar esos recursos, los acuerdos que ha hecho con los implicados en este caso han sido pírricos y mal hechos por montos muy pequeños que realmente no están recuperando la plata, y nosotros sí queremos denunciarlo desde el MinTIC”, denunció Lizcano.
Adicionalmente, el MinTIC inició acciones penales contra personas de la UT Centros Poblados. Reportó que Juan Carlos Cáceres entregó más de $3.000 millones a la Fiscalía, quedando pendientes $5.000 millones.
Para los casos de Juan José Laverde y Jorge López Benavides, Mintic afirmó que entregaron $186 millones y $187 millones respectivamente. Emilio José Tapia tiene el compromiso de entregar $2.500 millones a la Fiscalía el próximo 4 de abril.
Una adjudicación con varios entuertos
- Según la investigación adelantada por la W Radio, la Unión Temporal Centros Poblados habría presentado cuatro garantías falsas para sustentar su capacidad financiera, y así quedarse con la región B del proyecto. Ni el MinTIC, ni la firma contratada por el Ministerio para la revisión de las garantías bancarias constató la legalidad de este documento.
- El Ministerio permitió la participación de la Unión Temporal SES Inred (uno de los 10 proponentes) aun cuando el abogado del proponente fungía simultáneamente como asesor de la oficina jurídica del MinTIC, lo que configura un conflicto de intereses.
- Cambio de objeto social de tres empresas de la Unión Temporal: a menos de una semana antes de la adjudicación del mismo, INTEC DE LA COSTA S.A.S., y OMEGA BUILDINGS CONSTRUCTORA S.A.S. ampliaron su objeto social incluyendo actividades relacionadas a infraestructuras de prestación de servicio de internet con el fin de cumplir en el papel con uno de los requisitos habilitantes del pliego de condiciones de la licitación.