La Unidad Nacional de Protección (UNP) reconoció que actualmente tiene una escasez de camionetas blindadas, las cuales son utilizadas para garantizar la seguridad de las personas que solicitan protección. Con las elecciones regionales cercanas y el recrudecimiento del conflicto armado, cada vez más colombianos con liderazgo piden vivir bajo la protección de escoltas y vehículos blindados.
El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reveló a SEMANA que la entidad opera con 5.300 vehículos, de los cuales 3.000 son blindados y el resto convencionales. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha, más de 55.423 ciudadanos han solicitado medidas de protección.
Solo en el periodo del 1 de enero de 2023 hasta la fecha de cierre de esta semana, 14.792 personas manifestaron riesgos y solicitaron seguridad. Rodríguez expresó su deseo de contar con camionetas blindadas para todos, pero es imposible.
Actualmente, existe un déficit aproximado del 20 por ciento de vehículos, según las evaluaciones de riesgo del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas del Ministerio del Interior. Esto significa que se necesitan más de 1.000 vehículos blindados adicionales. El problema radica en la falta de recursos y la escasez de blindaje a nivel mundial.
SEMANA reveló que los vehículos utilizados actualmente por la UNP son contratados a empresas de alquiler y blindaje, algunas de las cuales poseen múltiples automóviles, dos, tres o hasta cuatro carros. Los intermediarios agrupan los vehículos y se presentan a los procesos de contratación de la entidad. Rodríguez afirmó que estas empresas no han modernizado su flota de vehículos, ya que les resulta más conveniente trabajar con automóviles antiguos.
La Superintendencia de Vigilancia Privada informó que, solo en 2023, se han registrado 187 solicitudes de blindaje para camionetas. Los vehículos antiguos presentan problemas. Aunque en el mercado del blindaje se considera que los autos de protección deberían utilizarse durante un máximo de seis años, en Colombia circulan camionetas con hasta diez años de antigüedad. “Tienen problemas porque se varan con frecuencia, entre otros”, expresó el funcionario.
SEMANA también conoció que solo dos empresas colombianas, representadas por Jorge Arturo Moreno y Alan Perlman, que están enfrentados, suelen participar en las licitaciones. En el mercado, no hay un gran interés de las empresas de alquiler en estos vehículos, ya que la Unidad Nacional de Protección recibe su presupuesto de manera limitada y solo puede contratar cada cuatro meses.
Augusto Rodríguez no se ha quedado de brazos cruzados y está buscando adoptar estrategias que mitiguen la necesidad de camionetas blindadas. Por ejemplo, aquellos que tienen un riesgo medio y bajo recibirían un esquema de seguridad ligero, que consiste en una persona de protección y un apoyo económico de dos salarios mínimos para utilizar taxis o su propio vehículo. Además, la UNP busca adquirir 1.000 vehículos propios y realizar alquileres directos sin intermediarios a través de empresas de alquiler de vehículos. El Ministerio del Interior ya ha dado su aprobación para la aprobación de futuros períodos fiscales.
Rodríguez es consciente de que muchas personas en Colombia necesitan esquemas de seguridad, “pero también hay algunos que tienen más problemas de movilidad que de protección”. Cada año, durante la reevaluación del nivel de riesgo, surgen denuncias en la Fiscalía de amenazas por parte de beneficiarios que resultan ser falsas.
La UNP busca crear conciencia entre estos individuos, ya que hay personas en riesgo que realmente necesitan los vehículos blindados. En la UNP hay numerosos ejemplos de este tipo de casos. Hay congresistas, funcionarios del Gobierno nacional y otros que poseen varias camionetas y solicitan más vehículos. También hay personas que, supuestamente, heredan los riesgos de sus padres y no abandonan los esquemas de seguridad.
En el Congreso, solo un parlamentario rechazó su seguridad, pero se mantiene en reserva por razones de seguridad. Lo mismo hizo una concejal de Bogotá, quien decidió entregar su vehículo a un líder social a pesar de necesitarlo. Incluso el propio Álvaro Uribe le manifestó al director de la UNP que no aceptaría otro vehículo en su esquema de seguridad, a pesar de que lo necesita.