En medio de de la estrategia denominada ‘Argenta’, que adelanta la Fiscalía General de la Nación para impactar las finanzas de grupos criminales organizados, en los últimos días se llevaron a cabo dos operativos en contra del patrimonio ilegal de personas allegadas al extraditado cabecilla del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’.
Durante las diligencias de las autoridades llevadas a cabo por fiscales de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, se impusieron medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 18 bienes, a través de dos operativos.
En el primero y en compañía de agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJÍN) de la Policía Nacional, fueron afectados tres inmuebles, un establecimiento de comercio y dos vehículos, ubicados en Medellín y en los municipios de Bello y Barbosa, al norte del Valle de Aburrá.
Estos bienes, cuyo valor es cercano a los $2.000 millones, según la Fiscalía, pertenecerían a Blanca Senovia Madrid, alias ‘La Flaca’, expareja sentimental de ‘Otoniel’, que fue capturada y judicializada el pasado mes de abril.
De acuerdo con las investigaciones adelantadas por los expertos, los elementos de prueba indican que Madrid, al parecer, tuvo a su disposición una red que movió y le entregó millonarias sumas de dinero para cubrir gastos familiares y vivir en medio de lujos.
También, en el segundo procedimiento, la Fiscalía ocupó cinco inmuebles, un establecimiento de comercio, una sociedad y cuatro vehículos que habrían sido adquiridos por los hermanos Bladimir y Edwin Granda Carvajal conocidos como ‘Blacho’ y ‘Mechas’, respectivamente.
Estos bienes se encontraban en los municipios de Medellín, Copacabana, Ebéjico, Carepa y Currulao, corregimiento de Turbo, en el Urabá antioqueño, y su avalúo preliminar supera los $9.000 millones.
Alias Blacho y Mechas, habrían estado a cargo de labores logísticas al servicio de ‘Otoniel’; se desempeñaron como sus emisarios y en determinado momento fueron los encargados de llevar los contactos del máximo cabecilla del Clan del Golfo a los lugares en los que este se escondía.
La Fiscalía informó que tanto los bienes muebles como inmuebles que fueron objeto de la actuación de las autoridades quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su respectiva administración.
El reciente golpe de la fuerza pública al patrimonio ilícito del cabecilla, extraditado a los Estados Unidos en inicios de mayo de 2022, se suma a otros que en los meses recientes, en el mismo departamento de Antioquia, han venido propinando.
Por ejemplo, a mediados de febrero de este año las autoridades decomisaron bienes avaluados en más de $100.000 millones que pertenecerían a miembros del Clan del Golfo y estaban ubicados también en el Urabá antioqueño y el departamento de Chocó.
Dentro de los implicados, además de ‘Otoniel’, estarían otros importantes integrantes del grupo ilegal como ‘Chiquito Malo’, ‘Tatareto’, ‘El Indio’, ‘Nicolás’, ‘Kiriki’, ‘Atilio’, ‘Marihuano’, ‘Pueblo’ y ‘Julio Quemao’.
De acuerdo con la información de las autoridades, estas propiedades estaban ubicadas en zonas apartadas y de una manera estratégica de tal manera que sirvieran para el tráfico de estupefacientes y el acopio de dinero, armas y material de intendencia para algunas subestructuras que operaban en el Urabá antioqueño.
De hecho, el ente investigador afirmó que en interceptaciones realizadas a ‘Otoniel’ este se refería a estos espacios como un “fondo de guerra”, de allí su presunción sobre la importancia que tenía para el sostenimiento y desarrollo de actividades ilícitas.
“Los activos afectados con medidas cautelares de embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión, serían propiedades de Otoniel, Chiquito Malo, Tatareto; el Indio y Nicolás, entre otros capos, que se valían de presuntos testaferros para disponer de los bienes”, indicó en su momento Luz Ángela Bahamón Florez, delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía.