A través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, la Fiscalía General logró identificar a dos empresas ferreteras que habrían defraudado al Estado en cerca de $8.000 millones, apropiándose de recursos recaudados relacionados con el Impuesto al Valor Agregado a las Ventas (IVA) y también disminuyendo la base gravable del impuesto de renta.
Las investigaciones de las autoridades revelaron que los representantes legales de dichas empresas habrían adquirido facturas ilegales durante 12 años para simular la adquisición de bienes y servicios por más de $18.370 millones y así evitar el pago de sus respectivas obligaciones tributarias ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
Tal fue la contundencia de las pruebas aportadas por la Fiscalía que incluso los gerentes de las compañías implicadas accedieron a suscribir un preacuerdo con el ente acusador y aceptar los cargos por enriquecimiento ilícito. Además, se habrían comprometido a devolver el monto defraudado al Estado que asciende a los $4.511 millones y $3.410 millones respectivamente.
Pero aparte del fraude fiscal, los investigadores de la Fiscalía también notaron que las dos compañías no ejercieron el objeto social, no contaban con la infraestructura ni con el personal para realizar las actividades registradas ante las respectivas cámaras de comercio en las que estaban inscritas y la misma Dian.
Tras poner al descubierto este entramado, un total de 22 bienes pertenecientes a los representantes legales de esas empresas también fueron ocupados con fines de extinción de dominio debido a la presunción de su consecución ilegal producto de las actividades irregulares en materia tributaria. Estas propiedades ubicadas en la ciudad de Bogotá y el municipio de Mariquita, en Tolima, están avaluadas en más de $135.000 millones.
Entre los bienes afectados se aplicaron medidas cautelares 10 inmuebles urbanos, tres rurales, tres sociedades y seis establecimientos de comercio que quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales.
Los nuevos hechos en esta materia se dan en medio de una investigación de amplio alcance que desde hace varios meses adelanta la Fiscalía contra más de 1.700 empresas que bajo este mismo modus operandi habrían simulado la transacción de $1.5 billones que deberían ir a las arcas públicas.
Y es que las labores desarrolladas por las autoridades desde 2021 con respecto a la evasión de impuestos desde el ámbito empresarial han podido identificar a 3.700 personas, entre naturales y jurídicas, que incurrieron en estas actividades ilegales relacionadas con la adquisición ilegal de facturas.
En dos de esos casos se llegó a determinar que la simulación de operaciones por $2.2 billones dejó de reportar para la Dian ingresos de hasta $900.000 millones. Han sido judicializadas 25 personas por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir agravado, lavado de activos y falsedad ideológica en documento privado. Aparte, se encuentran en investigación otros 122 supuestos compradores de estas facturas.
Expertos en materia tributaria aseguran que el IVA es una de las fuentes más importantes de ingreso para el Gobierno debido a que su aplicación en cada etapa de la cadena de producción y distribución permite una recaudación eficiente y con ello no solo el sostenimiento de sus operaciones, sino la inversión en programas y proyectos de carácter social en cumplimiento de sus deberes constitucionales.
Además, el IVA es una medida que puede ayudar a controlar la inflación, pues como carga impositiva reduce la demanda de bienes y servicios, lo que puede ayudar a contener los precios. Al ser un impuesto neutral, es decir, que se aplica por igual a los bienes y servicios producidos y consumidos tanto a nivel nacional como importado evita distorsiones en el comercio y garantiza una competencia más justa entre los productores nacionales y extranjeros.