El informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado durante el 58º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, detalló un panorama crítico sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, a lo largo de 2024.
El informe resaltó la grave situación de los derechos humanos en varias regiones del país, con especial énfasis en la implementación del Acuerdo Final de Paz, las políticas de seguridad y la protección de las poblaciones vulnerables, como los pueblos indígenas y afrodescendientes.
En el transcurso del 2024, un total de 90 miembros de la Fuerza Pública fueron asesinados y 425 resultaron heridos, lo que ilustra la peligrosidad del ambiente en varias regiones, señaló el informe.
El Alto Comisionado documentó un total de 191 alegaciones de homicidios de defensores de derechos humanos en Colombia; de estos, en 89 casos se verificó que existía un vínculo directo entre el trabajo de la víctima y su asesinato.
Si bien se observó una disminución del 15 % en los homicidios verificados en comparación con el año anterior, la violencia de los grupos armados no estatales sigue siendo un tema de preocupación crítica para la comunidad internacional.
Los artistas, liderazgos comunitarios y defensores enfrentan un contexto de creciente violencia, que no solo cuestiona su seguridad, sino también la posibilidad de ejercer sus derechos fundamentales y contribuir a la construcción de un país pacífico.
Asimismo, enfatizó en el impacto devastador que la violencia territorial y el conflicto armado interno continúan ejerciendo sobre la población civil, mientras el país busca avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
El informe señaló que a lo largo de 2024, la violencia en varias regiones del país afectó gravemente el espacio cívico y las garantías de derechos fundamentales.
En su análisis, el Alto Comisionado detalló que el conflicto armado interno sigue siendo una de las principales causas de la pobreza, la violencia y las violaciones de derechos humanos, especialmente en territorios rurales, donde los grupos armados no estatales continúan ejerciendo control y desplazando a las comunidades.
Además, mencionó que la implementación de medidas para garantizar el acceso a la justicia sigue siendo insuficiente.
El informe advirtió sobre la alarmante presencia de grupos armados no estatales, que continúan ejerciendo control social en diversas regiones del país.
Estos grupos han limitado el acceso a servicios básicos como salud, educación y justicia, además de recurrir al reclutamiento forzado de menores de edad y otras formas de violencia sexual y de género.
Igualmente, el informe reconoció los esfuerzos realizados por el Gobierno para implementar el Acuerdo Final de Paz, pero advirtió que persisten obstáculos significativos en su ejecución.
Entre los problemas más urgentes se encuentran la falta de seguridad para las comunidades que participan en procesos de reincorporación, así como el desmantelamiento de las estructuras armadas y el fortalecimiento del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto armado.
Las recomendaciones
El informe del Alto Comisionado también incluyó recomendaciones para el Gobierno, haciendo un llamado a fortalecer la gobernabilidad y la protección integral de la población civil.
Instó al Ejecutivo a desarrollar acciones más efectivas en materia de desmantelamiento de grupos armados, la implementación de políticas de seguridad integrales en los territorios y la aprobación de reformas en la legislación de inteligencia y contrainteligencia.
También recomendó la implementación de planes de acción específicos para la protección de los pueblos indígenas y afrodescendientes, que han sido particularmente vulnerables a la violencia y la exclusión.
Resaltó la necesidad de evitar la legitimación de los grupos armados mediante acuerdos que, lejos de contribuir a la paz, perpetúen su influencia en los territorios afectados.
En cuanto a la justicia transicional, el informe sugirió que el gobierno garantice la participación plena de las víctimas en los procedimientos judiciales y que se sigan impulsando medidas para la reparación de las comunidades afectadas por las violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado.
En este sentido, el Alto Comisionado instó a la Jurisdicción Especial para la Paz a avanzar en la gestión de nuevos macrocasos, particularmente aquellos relacionados con violencia de género, el reclutamiento forzado de niños y la desaparición de personas, retos que han intensificado la crisis humanitaria en el país.
El informe sobre derechos humanos también abordó la necesidad de reformar la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia, así como implementar de manera efectiva la Política de Seguridad a nivel territorial.
Los mecanismos de protección para las víctimas, el respeto por los derechos humanos durante el uso de la fuerza por parte de las autoridades y un mejor seguimiento a la Alerta Rosa, que busca prevenir desapariciones, son aspectos fundamentales que requieren atención.
El informe concluyó que, a pesar de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz y las reformas políticas, la situación de los derechos humanos en Colombia sigue siendo alarmante, especialmente en aquellas regiones donde la violencia no ha cesado.
El Alto Comisionado señaló que mantendrá su compromiso con la cooperación técnica y el seguimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno colombiano, instando a una mayor articulación entre las autoridades nacionales y locales para garantizar la protección de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin distinción.
*Con información de Colprensa.