En horas de la noche del miércoles 4 de diciembre, un grupo de 35 indígenas Emberá Chamí tomó las instalaciones de la Unidad para las Víctimas, en el Edificio San Diego, en la carrera 7 con calle 32, como forma de protesta ante lo que consideran falta de respuesta a sus demandas relacionadas con servicios básicos y garantías para la manifestación.
Los líderes de la comunidad señalaron que el diálogo con el director de asuntos étnicos de la UARIV se rompió, dejando sin avances las mesas de negociación. Como medida de presión, los manifestantes anunciaron que permanecerán en el lugar e incluso han comenzado a llevar elementos que les permitan instalarse de manera temporal en las instalaciones.
Hasta el momento, no se han emitido pronunciamientos oficiales respecto a esta nueva manifestación, la cual plantea demandas distintas a las realizadas en protestas anteriores, enfocándose ahora en la obtención de nuevas garantías para la manifestación.
Las nuevas protestas se conocieron apenas cinco días después del acuerdo que el Gobierno había anunciado con la comunidad indígena. “Hemos llegado a acuerdos con los emberá”, anunció el pasado viernes el presidente, Gustavo Petro, para dar cuenta que la Agencia Nacional de Tierra (ANT), en cabeza de Felipe Harman, había culminado una mesa de diálogo con esas comunidades. Tras el acuerdo, señaló el Gobierno, se garantizaba el regreso a sus entornos en los departamentos de Risaralda, Cauca y Chocó.
¿En qué van los diálogos?
En días pasados, llegaron cerca 4.000 indígenas Emberá a Bogotá desde Risaralda, quienes denunciaron el incumplimiento de acuerdos previos que buscaban mitigar la crisis de desplazamiento, desnutrición infantil y violencia que afectan a la comunidad.
Frente a esta situación, el pasado 28 de noviembre, tras cuatro días de negociación frente a la ANT, las comunidades Emberá lograron un acuerdo que garantiza la titularidad de nuevas tierras, proyectos productivos, y el acceso a servicios esenciales para combatir la desnutrición infantil y la precariedad en salud y educación.
Sin embargo, con la actual protesta en la Unidad para las Víctimas, la comunidad exige respuestas concretas y garantías de cumplimiento. Ante esta nueva manifestación, se espera que el Gobierno Nacional actúe de manera pronta y efectiva para resolver las demandas y evitar la escalada de tensiones.