En la tarde de este sábado 24 de agosto, sobre las 4:30 p.m., en la vereda Cristo Rey, de la inspección de Guayabal, en San Vicente del Caguán, Caquetá, una niña de 9 años fue víctima de una mina antipersona instalada por grupos armados que delinquen en la zona. Aunque todavía no se sabe cuál grupo fue el autor de este crimen de guerra, por el momento se presume que lo hicieron las disidencias de las Farc, debido a que estas tienen presencia en dicho departamento de la Amazonía colombiana.
Tropas de la Novena Brigada del Ejército Nacional llegaron hasta el lugar de los hechos junto a una unidad médica para atender a la menor y la trasladaron a un centro médico asistencial cercano para posteriormente llevarla por vía aérea al Hospital Universitario de la ciudad de Neiva, Huila. El comunicado oficial del Ejército confirmó que la menor presenta amputación de su pierna derecha.
“Una vez en la ciudad de Neiva, la niña fue trasladada al Hospital Universitario de Neiva donde a esta hora recibe atención médica especializada”, aseguró en un comunicado la institución castrense.
La Novena Brigada condenó este hecho señalando que los niños, niñas y adolescentes deben ser siempre protegidos, tal como lo rige la Constitución. Además, indicaron que el Ejército instaurará la denuncia de estos hechos ante las autoridades competentes, con el fin de hacer justicia con la víctima y dar con la pronta captura de los responsables.
“Es una clara violación a los derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario”, aclaró la institución castrense.
Cabe recordar que la ONU en reiteradas ocasiones ha condenado el uso de minas antipersonales por parte de los grupos armados al margen de la ley en Colombia e hizo énfasis en que estas armas están prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario, DIH, pues provocan “daños y sufrimientos innecesarios a las víctimas, a sus familias y a la comunidad”.
Asimismo, le ha hecho un fuerte llamado a estos grupos terroristas para cesar con este tipo de acciones que peligran la vida de la población civil. Y, además, alertó al Estado colombiano para tomar las medidas que sean necesarias con el fin de mitigar estos hechos.
“Instamos a los grupos armados no estatales a cesar inmediatamente de instalar minas antipersonales y otros explosivos improvisados, que impiden a las comunidades vivir y gozar plenamente de sus derechos en sus territorios. Llamamos al Estado a tomar las medidas necesarias para avanzar prontamente en el desminado en Colombia”, fue uno de los pronunciamientos de la ONU al respecto en abril de este año.