La Policía "actuó con violencia desproporcionada" contra quienes protestaron en Bogotá en septiembre de 2020 y terminó causando una "masacre" con 14 fallecidos, según un informe independiente entregado este lunes a la alcaldesa de la ciudad, Claudia López.
El 9 y 10 de septiembre multitudes con piedras, palos y bombas incendiarias se volcaron hacia los CAI de la Policía en Bogotá y en el aledaño municipio de Soacha, a raíz de la muerte de Javier Ordóñez (43 años), en un caso de abuso policial por el cual un uniformado fue condenado a 20 años de prisión.
"La Policía Nacional actuó con violencia desproporcionada contra los jóvenes que protestaban en sectores populares (...) Es decir, los policías se ensañaron contra la gente más pobre de esta ciudad, creyendo que por esto los podían matar, herir y que hacerlo no tendría consecuencia alguna", dijo Carlos Negret, exdefensor del pueblo y relator de la investigación financiada y apoyada "metodológicamente" por Naciones Unidas.
Durante las "noches de terror" que siguieron a su muerte, la Policía "reaccionó de una forma desproporcionada, ilegal y apartada del principio de humanidad" y "su actuación causó una masacre", expresó Negret conmovido durante la exposición del informe.
14 personas murieron violentamente, 11 de la cuales, entre ellas Ordóñez, fallecieron a causa del "uso ilícito de la fuerza" de efectivos policiales.
También resultaron heridos 300 civiles y 216 uniformados, así como 76 puestos policiales fueron destruidos. Los investigadores encontraron también evidencias de violencia contra los agentes oficiales.
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El perfil de los muertos dejó ver una "criminalización de la pobreza por parte de la fuerza pública", dijo Negret: ninguno tenía formación profesional, eran trabajadores informales con ingresos menores al salario mínimo (13 casos) y tenían entre 17 y 27 años (10).
El informe es "doloroso hasta el alma, pero necesario para salvaguardar y recomponer nuestra democracia", expresó entre lágrimas la alcaldesa de Bogotá durante el acto de presentación.
La mandataria clamó "justicia", pidió perdón "por no haber podido prevenir que una tragedia semejante ocurriera" y le solicitó al presidente Iván Duque atender las recomendaciones del informe y reconocer que hubo una "masacre cometida por miembros de la policía".
Negret concluyó también que la "subordinación de la policía a las autoridades civiles es una ficción constitucional", pues no obedecen a alcaldes ni gobernadores.