Hasta la Corte Constitucional llegó discusión de la elección de los consumidores en el mercado de aguardiente, por lo que este lunes se está llevando a cabo una audiencia pública debido a una presunta vulneración del derecho a la libre competencia y el monopolio rentístico.
Ante esta situación fueron presentadas dos demandas de inconstitucionalidad en contra de los incisos primero y segundo del artículo 28 de la Ley 1816 de 2016. “La norma faculta a los departamentos que ejerzan el monopolio de licores por producción directa o por contrato, para suspender la expedición de los permisos de introducción de aguardiente nacional o extranjero en sus jurisdicciones”, asegura la Corte Constitucional.
Los promotores de la demanda afirman que los acusados vulneran la libertad de competencia señalada en el artículo 333 de la Constitución Política, los monopolios rentísticos consignados en el artículo 336 de la carta magna y el derecho de los consumidores a elegir descrito en el artículo 78.
Sin embargo, desde varios sectores hay voces en contra, pues parte de las ganancias de la venta de licores se destina a la inversión en salud, deporte y educación, por lo que al eliminar los monopolios se verían impactados estos rubros.
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, asumió la defensa sobre el monopolio rentístico de licores destilados en Audiencia Pública.
“Como departamento productor de aguardientes asumimos la defensa del monopolio de la producción y distribución de aguardiente en el Valle, ya que la eliminación de este impactaría fuertemente los recursos para inversión en salud, educación y deporte. Y no solo eso, el aguardiente representa para los vallecaucanos cultura, historia, tradición e identidad, de allí que vamos con la decisión y determinación de proteger este legado cultural en todo su proceso de producción”, dijo la mandataria.
Cabe destacar que el mercado de licores destilados en Colombia está sometido a monopolio rentístico estatal, esto quiere decir que una parte de las ganancias generadas por esta actividad económica le pertenece a los departamentos para que las destinen en diferentes rubros como los mencionados anteriormente.
La mandataria vallecaucana aseguró que defenderá los intereses jurídicos del departamento y de la Industria de Licores, el cual según ella es hace más de 100 años patrimonio de los vallecaucanos, generando más de 2.000 empleos directos e indirectos y hace parte del cluster de la caña, “pues ante la eventual declaratoria de inconstitucionalidad de dicha norma se estaría afectando no solo el empleo de muchos vallecaucanos, sino que podría afectar el recaudo de recursos para la salud y la educación”, se aseguró a través de un comunicado.
“Cabe recordar que ante el alto tribunal fue presentada una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 28 de la ley 1816 de 2016, que establece que los departamentos pueden suspender, hasta por seis años, la venta de licores de otras regiones. Por ello, la Corte escuchará a las partes de la controversia para efectos de la decisión de constitucionalidad”, puntualizó el comunicado de la Gobernación del Valle del Cauca.