Hace unos pocos días, el Gobierno Nacional, por medio del Decreto 1275 de 2024, determinó que los pueblos indígenas fungirán como autoridades ambientales hacia su población en sus territorios.
Entre las nuevas competencias de los pueblos originarios se encuentran proteger los ecosistemas, formular reglas para administrar y conservar sus territorios, planificar presupuestos, administrar recursos relacionados con el cuidado de la naturaleza y tomar decisiones sobre el uso de la tierra, aunque no se ha definido cómo.
Sin embargo, el exministro de Justicia y activista judicial, Wilson Ruíz, presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado para este decreto, con el objetivo de que su aplicación no se lleve a cabo.
El principal argumento de la demanda del jurista vallecaucano se fundamenta en que el presidente Gustavo Petro ha excedido sus competencias, haciendo caso omiso al rol del Congreso de la República y tomando decisiones que no le corresponden.
“Es preocupante la decisión de otorgar a los pueblos indígenas facultades como autoridades ambientales, ya que la medida resulta populista y genera conflictos con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que son las encargadas de proteger las áreas naturales y el presupuesto en cuestión”, aseguró Ruíz por medio de un comunicado.
Además, el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura advirtió que la distribución de competencias que propone el Ejecutivo por medio de este decreto puede generar afectaciones en la gestión ambiental. Lo anterior, según Ruíz, se da si se tiene en cuenta que existe una lucha de poder entre las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y los 115 pueblos indígenas que hay en Colombia.
“Esto es una amenaza a la institucionalidad porque le están quitando la competencia que le corresponde al Congreso de la República. Acá seguiremos firmes haciendo el activismo judicial que es tan necesario para proteger nuestro Estado Social de Derecho”, concluyó el también excandidato a la Alcaldía de Cali.
Por otro lado, cuando el decreto recién salió el pasado 15 de octubre, algunas organizaciones campesinas lo criticaron por no definir con claridad los límites territoriales de los pueblos indígenas y han expresado preocupación por posibles restricciones al uso de recursos esenciales como el agua.
“Nadie puede enseñarle a cualquier colombiano o a cualquier institución cómo se construye el equilibrio vital entre ser humano y naturaleza, como los pueblos indígenas. Los pueblos que fueron arrodillados a la fuerza hoy los reivindicamos firmando este decreto”, expresó el mandatario en su cuenta de X (antiguo Twitter).