La Agencia Nacional de Tierras ,  ANT, avanza en el proceso de recuperar terrenos baldíos reservados de la Nación ubicados en el Archipiélago Nuestra Señora del Rosario, por lo que en esta primera demanda busca anular 10 contratos de arrendamiento pidiendo al Tribunal Administrativo de Bolívar medidas cautelares urgentes que permita su recuperación.

De acuerdo con los motivos de dicha demanda, la ANT explicó que los contratos pactados tienen un valor inferior al 1 % del avalúo del Instituto geográfico Agustín Codazzi, por lo que se violó el artículo 4 del Acuerdo 041 de 2006, que establece ese porcentaje.

Le puede interesar: Policía Nacional ha recuperado más de 1.000 vehículos robados en los últimos dos meses

Así mismo, se estableció que el 26 de enero de 2017 se denunció ante la Fiscalía General de la Nación la celebración de contratos por un 77 % inferior al valor que debía pactarse.

De otro lado, estos contratos fueron celebrados con abuso o desviación de poder, al suscribirlos en el último día de existencia del Indocer y contra expresa prohibición legal, a pesar de la existencia en ese momento de contratos antiguos que vencían en 2016, igualmente los arrendatarios se encontraban en mora con el Estado al momento de la firma.

Razón por la que la ANT se reunió en un primer paso con algunos de los ocupantes de estos predios, donde se les planteó la necesidad del Estado colombiano para recuperar estos terrenos en beneficio de las poblaciones raizales y nativas, sin embargo, no se llegó a un acuerdo.

“Por eso iniciamos todo el proceso por las vías jurídicas y presentamos las primeras diez demandas de declaración de nulidad de contrato de arrendamiento y una medida cautelar de urgencia para la restitución inmediato de los mismos diez predios”, explicó Gerardo Vega Medina, director de la ANT.

Lea también: SuperSalud frenó los pagos de honorarios exagerados que reciben agentes de hospitales

Finalmente, Vega hace un llamado a la Rama Judicial para que evalúe este caso y permita que el Estado resguarde el interés general, así mismo, pidió a la Fiscalía para que avance en el trámite de la denuncia radicada en 2016.