La Procuraduría General de la Nación trasladó a la Fiscalía varios casos en los que hospitales públicos (Empresas Sociales del Estado, ESE) habrían embargado ilegalmente dineros destinados a la salud.
Estos recursos, por ley, no pueden ser embargados ya que están destinados a la seguridad social, pero algunos jueces y directivos de las ESE habrían ordenado embargos, violando las normas vigentes.
La Procuraduría también investiga la posible existencia de una red de abogados que asesoran a los directivos de los hospitales para llevar a cabo estos embargos ilegales. A cambio de sus servicios, estos abogados recibirían hasta el 30% del dinero obtenido de manera indebida.
Este cartel de abogados estaría operando en varias regiones del país, aprovechando vacíos legales y la falta de control para obtener grandes sumas de dinero.
En marzo de 2023, la Procuraduría emitió una circular donde aclaró que estos fondos de la seguridad social en salud no pueden ser embargados, salvo en casos excepcionales. Sin embargo, varios hospitales ignoraron esta norma, afectando millones de pesos destinados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y la ADRES.
Entre los hospitales involucrados en estos embargos ilegales se encuentran el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, el Hospital Regional San Andrés de Chiriguaná, y el Hospital María Auxiliadora de Chigorodó, entre otros. En total, son más de 20 hospitales en distintas regiones del país que están siendo investigados.
Además de ordenar los embargos, algunos de los directivos de los hospitales han presionado a las entidades bancarias para que ejecuten las órdenes, amenazándolas con acciones legales si se niegan a hacerlo.
La Procuraduría también informó a la Superintendencia Financiera sobre esta situación, pidiendo que se tomen medidas para proteger a los bancos de estas amenazas y evitar que continúen los embargos irregulares. El objetivo es detener esta práctica que está desviando millones de pesos del sistema de salud, lo que agrava la crisis financiera de varios hospitales públicos.
La Fiscalía y la Procuraduría ahora investigan para determinar quiénes son los responsables y tomar las acciones legales correspondientes.