Invima y Adres responden ante la polémica por los medicamentos para pacientes con enfermedades raras

Cerca de 95 mil personas son las que padecen enfermedades raras o huérfanas en Colombia, mismas personas que se tienen que enfrentar a ciertos obstáculos en cuanto al acceso de medicamentos, tratamientos y demoras de las EPS.

Sobre las barreras de acceso a medicamentos y tratamientos, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) habló sobre lo que hay detrás del proceso por medio del que se aprueban fármacos eficaces y seguros. En primer lugar, trajo a colación datos de la OCDE, en los que se evidencia que “el gasto en medicamentos para los países en desarrollo representa el doble de lo que se gastan las naciones desarrolladas como proporción del gasto total en salud”.

Luego, aclaró que “todas las instituciones deben actuar de manera coordinada y armónica para cumplir con las políticas públicas de acceso y sostenibilidad del sistema de salud”, por lo que recordó que tanto Invima como Adres están atados a lo mismo, pues, resultaría “inaceptable pretender que cada institución cumpla funciones específicas y desarticuladas, sin coherencia con las directrices del Ministerio de Salud y las políticas sociales del Gobierno”.

De hecho, recordó el debate que ha surgido alrededor de las demoras para aprobar productos novedosos y de alto precio, el que, también, ha estado asociado a lo que han llamado “crisis por el desabastecimiento de medicamentos”.

Dijo que “un producto eficaz y seguro para una enfermedad rara que tiene un precio exorbitante, siempre representa un reto ético y social en países con recursos limitados, pues implica dejar de responder al derecho a la salud de otros pacientes o de otras poblaciones”.

Agregó que, a pesar de ello, “la experiencia global no sugiere que todas las innovaciones que vienen de esos países sean buenas ni que la forma en que se aprobaron sea extrapolable a nuestras realidades. Y no es aceptable que se instrumentalice la esperanza de pacientes y familias por perseguir una rentabilidad económica o se utilice como arma política contra la reforma a la salud”.

En esa línea, el Invima dejó claro que no se demora en aprobar ni rechaza las innovaciones por los altos costos, sino porque “los mecanismos de aprobación no son tan confiables como se quisiera”. Pero “los precios de las innovaciones representan una barrera que el mundo tiene que encontrar nuevos mecanismos para resolver”, concluyó.