Gran polémica ha suscitado esta semana los hallazgos hechos por la Unidad para las Víctimas, quienes a través de una auditoría forense realizada por la Secretaría de Transparencia al Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV), solicitada por la directora de la entidad, Patricia Tobón Yagarí, descubrieron varias irregularidades en el arrendamiento de inmuebles administrados por el FRV y procesos contractuales de bienes y servicios, adelantados entre 2018 y 2022.
Fue a través de un documento, donde la entidad dio a conocer la pérdida de más de 4.200 millones de pesos ($4.203.798.684) en posibles irregularidades en la administración de bienes inmuebles del Fondo para la Reparación a las Víctimas y anomalías en la contratación de bienes y servicios durante el periodo anteriormente mencionado.
Estos presuntos actos de corrupción salen a la luz, luego de una solicitud de la actual administración de la Unidad para las Víctimas, con el fin de lograr un diagnóstico del estado del FRV.
Según el comunicado, los resultados de la auditoría reflejaron que, la principal causa del detrimento de los 4.200 millones de pesos “es porque se pudo identificar que, en algunos casos, no se consideró el área total de los inmuebles a la hora de calcular los cánones mensuales de arrendamiento, lo que resultó en valores muy por debajo del precio correspondiente a la realidad de los inmuebles. Según la auditoría forense, esta irregularidad causó la pérdida de 3.786 millones de pesos ($3.786.954.885) entre 2018 y 2022″.
El análisis también arrojó que, “otra de las causas de este detrimento fue que el canon de arrendamiento reportado era inferior al de la estimación, causando perdidas por 98 millones de pesos ($98.684.438). Además, la auditoría indica que, en ciertos casos, el método sugerido para la estimación del canon es el que le generó menos ingresos al Fondo para la Reparación a las Víctimas, causando un detrimento mayor a los 63 millones de pesos ($63.485.289)”.
Por otro lado, Transparencia mencionó que, tras la alerta por los presuntos malos manejos en la administración de algunos bienes del FRV, se encontraron posibles irregularidades en materia de contratación de bienes y servicios, pues entre 2018 y 2022, grupos de contratistas variaron los nombres de sus empresas para acaparar los contratos, superando una suma de 84.000 millones de pesos ($84.585.794.564).
Dicho detrimento, según explicaron, fue posible gracias a la ausencia de control y transparencia en los procesos de contratación de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. “Esta concentración de la contratación se vincula con irregularidades en la ejecución de los contratos”.