La Justicia Especial para la Paz, JEP, le dio un plazo de 10 días a las Gobernaciones de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, para que en un plazo máximo de diez (10) días hábiles cumplan con la orden de dar una protección especial a los cementerios de sus departamentos en donde podría haber desaparecidos.

La orden fue adoptada en respuesta a una solicitud del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), para proteger los lugares en donde, aparentemente, habría cuerpos de víctimas de desaparición forzada. La orden está relacionada con 27 cementerios ubicados en diferentes regiones del país.

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En este sentido, la JEP confirmó que junto a la Fiscalía General, se iniciaron labores de exploración y exhumación de posibles víctimas del conflicto armado que estarían en los cementerios Jesús María Estrada en Marsella, Risaralda, y El Carmelo, en Salento, Quindío.

Las labores de exhumación de la Fiscalía son adelantadas por el Grupo de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas (Grube) y el de la Unidad de Investigación y Acusación por el Grupo de Apoyo Técnico Forense (Gatef).

Hasta ahora la JEP ha avanzado en la exhumación de 553 cuerpos en los departamentos de Quindío y Risaralda. En el cementerio Jesús María Estrada de Marsella, la Fiscalía ya exhumó cuatro cuerpos.

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En el Quindío, las medidas se tienen en los cementerios de los municipios de Salento, Quimbaya, Pijao, Montenegro, La Tebaida, Génova, Finlandia, Circasia, Calarcá, Buenavista y Armenia; en el caso de Risaralda, cubre estos sitios en Santuario, Santa Rosa de Cabal, Quinchía, Pueblo Rico, Apía, Balboa, Belén de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrató y Pereira.

La Jurisdicción Especial para la Paz también adelanta acciones de búsqueda de cuerpos de víctimas de desaparición forzada en el cementerio del municipio de Sucre, en el departamento de Sucre.

Pese a las medidas cautelares tomadas en septiembre del año pasado con el objetivo de proteger las áreas de interés forense, no ha sido posible avanzar con la demarcación del terreno por las condiciones de inundación presentes en el camposanto, en donde podrían reposar los restos de “víctimas de desaparición forzada a manos de miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre del Ejército, que operó desde el municipio de Sincé, Sucre, con jurisdicción en La Mojana y la sabana sucreña, durante los años 2007 y 2008″.

Ante este último caso, el equipo forense de la JEP espera que las condiciones del terreno mejoren para continuar con las labores, ya que la inestabilidad del terreno dificulta el proceso de exploración.