Un pliego de cargos presentó la Procuraduría General de la Nación contra el exgobernador de Arauca José Facundo Castillo Cisneros (2012-2015 y 2020-2021), y otras cinco personas por presuntas irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Según el ente de control, durante la contratación del PAE durante la emergencia del Covid-19 presuntamente se habría generado un sobrecosto de $ 1783 millones. Al parecer el contrato para el suministro de los alimentos se habría firmado sin realizar los estudios técnicos y financieros necesarios para justificar el valor de las raciones, lo cual “ocasionó el sobreprecio que se habría pagado durante la ejecución de los trabajos”.
En el valor de las raciones para preparar en casas entregadas entre los meses de abril de 2020 y 2021 la Procuraduría encontró posible sobrecosto de $ 898 millones. Además, el órgano de control evidenció otras posibles irregularidades en la publicidad dada al contrato y en el trámite y ejecución de las modificaciones y adiciones de valor incluidas.
Y es que la existencia de los supuestos sobreprecios, según los dirigidos por la procuradora Margarita Cabello, señala que en el momento de la firma del contrato no se “privilegió la necesidad de maximizar el uso eficiente de los recursos públicos con los que se financiaría el suministro del complemento alimentario para los niños, niñas y adolescentes beneficiarios del programa, que son sujetos de protección especial por parte del Estado”.
La Procuraduría sostuvo que con la aparente conducta de los investigados se habrían vulnerado los principios de economía y responsabilidad en la contratación estatal, por tal motivo presentó dos cargos disciplinarios contra el entonces gobernador Castillo Cisneros y los exsecretarios de despacho Arévalo Quintero y Ortiz Ramírez.
Es importante recordar que el exgobernador Castillo Cisneros, en el 2021, había sido puesto en prisión por enfrentar cargos por concierto para delinquir agravado y financiación de grupos de delincuencia organizada. Sin embargo, dos años después fue dejado en libertad por orden del Tribunal Superior de Bogotá, a causa de vencimiento de términos.
Y en ese mismo año lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante nueve años por determinar que incurrió en irregularidades en la celebración de un convenio de asociación con la Caja de Compensación Familiar de Arauca para la edificación de 240 viviendas de interés prioritario en el municipio.
*Con información de Colprensa