En un video dirigido a los colaboradores de Sanitas en Colombia, el presidente global de Keralty, Joseba Grajales, calificó de injusta la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS. Además, se comprometió a devolver a los trabajadores a su “hogar”, refiriéndose a la compañía Keralty.
“Querida familia Keralty, especialmente este mensaje va para nuestros compañeros de EPS Sanitas. Hoy, con un corazón pesado, pero lleno de determinación, me dirijo a todos ustedes en un momento difícil para el conjunto de la organización”, inició Grajales, quien es el principal accionista de la EPS.
En el clip, expresó su “profunda consternación por la injusta intervención” que la EPS Sanitas, que pertenece a Keralty, hoy enfrenta. “Estamos trabajando incansablemente para resolver este desafío y conseguir que se aplique la ley por todas las instituciones del país”.
“Les pido paciencia y confianza mientras trabajamos en encontrar una solución. Juntos superaremos este obstáculo y pronto estaremos reunidos nuevamente como la familia fuerte y unida que somos”, agregó el empresario español.
El directivo de Keralty, grupo que tiene el control de Sanitas, resaltó la confianza y compromiso de los colaboradores de la EPS para mantener la atención a los usuarios, pese a las actuales circunstancias.
“Nunca se encontrarán solos porque nosotros les esperamos con impaciencia y ansiedad para seguir juntos en el camino de la vida, brindando nuestros compromisos profesionales y personales, y para resolver los problemas de salud de los colombianos”, concluyó Grajales.
Hace dos días, Keralty anunció acciones para revertir la intervención forzosa administrativa ordenada por el Gobierno de su EPS Sanitas y recuperar su administración. ”Estamos analizando las acciones a tomar para hacer cesar la arbitrariedad del acto de intervención, recuperando la administración de EPS Sanitas en beneficio de nuestros afiliados, colaboradores y del país”, afirmó la compañía sanitaria de origen español que se instaló en Colombia en los años 80.
La multinacional rechazó enérgicamente la “intervención arbitraria de nuestra EPS por considerarla improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria” y continuación argumentó el uso de esos calificativos.
En ese sentido, dijo que la “situación de sostenibilidad financiera de la EPS es provocada en gran medida por el mismo gobierno al no hacer los análisis responsables en temas como la insuficiencia de la UPC, la concentración de riesgo por afiliado y el no reconocimiento de la deuda acumulada”.
Sostuvo que esas “problemáticas” fueron avisadas a tiempo al Ministerio de Salud y otras instituciones, sin que se tomará “soluciones” para revertir ese escenario. Keralty añadió que se desconoció el plan de reorganización institucional que se presentó a la Superintendencia Nacional de Salud en diciembre del año pasado y frente al cual no se tomaron decisiones.
”El acto administrativo emitido para la intervención desconoce todo lo anterior”, afirmó el conglomerado. También argumentó que los “indicadores de quejas” usados como parte de las razones para la intervención solo “reflejan un análisis parcializado”, puesto que la EPS Sanitas tiene un promedio similar al de la “media del sector”.
”Frente al tema de reservas técnicas, hacemos claridad en que hoy la EPS cuenta con inversiones que las respaldan por un valor superior a los 800 mil millones de pesos”, aclaró Keralty. Para la compañía, la determinación del Gobierno de intervenir la EPS, una de las más grandes del país con 5,8 millones de afiliados, no solo compromete el servicio que se le presta a sus abonados sino que “cambia drásticamente las reglas de juego para las empresas que le apuestan al país”.