A pesar de que el presidente Gustavo Petro ha lanzado varios dardos a las instituciones colombianas, especialmente al Consejo Nacional Electoral (CNE), por realizar investigaciones contra su campaña presidencial, este no es el primer caso en la historia de los mandatarios del país.
Un ejemplo de ello es Juan Manuel Santos, quien junto a su gerente de campaña, José Roberto Prieto, tuvo que enfrentar una indagación preliminar en su contra por el presunto ingreso de dineros de Odebrecht.
De acuerdo con la revista Semana, esta investigación fue adelantada por los magistrados Luis Guillermo Pérez Casas, Rafael Renato Contreras Ortega y Doris Ruth Méndez Cubillos, y aunque el expresidente Santos no fue declarado inocente, la investigación fue archivada a cinco días de terminar su mandato.
Durante la pesquisa también resultaron salpicados Gilberto Contreras, el tesorero, y Araceli Rojas, la auditora de la campaña.
La decisión de archivar la investigación, según Semana, no fue la ausencia de responsabilidad de la campaña, sino un detalle jurídico de procedimiento con el cual aseguraron que al caso le había operado ya la caducidad.
El Consejo de Estado lo define como “un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento del término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración, sin que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado”.
El análisis del citado medio menciona que, en un principio, la magistrada conservadora Ángela Hernández había sostenido que sí se podía investigar la campaña, pero luego, la mayoría de los togados sostuvo la posición contraria.
Pero Santos no fue el único candidato que en el 2014 tuvo que enfrentar una investigación, pues su rival Óscar Iván Zuluaga también fue señalado de recibir por la vía de su publicista dinero de Odebrecht. Sin embargo, la indagación en su contra también fue archivada.
Dos años después, el CNE investigó a Iván Duque, a su gerente Luis Guillermo Echeverri y al Centro Democrático como partido que le dio el aval por cuenta de las denuncias por presunta vulneración de las normas sobre financiación de campañas electorales relacionadas con la campaña presidencial 2018 por cuenta de las declaraciones de Aida Merlano. En ese caso, argumentó que los términos estaban vencidos.