Los diferentes coordinadores de todo el país que conforman la Misión de Observación Electoral (MOE) se reunieron en los últimos días para evaluar la actual coyuntura política y electoral y así elevar recomendaciones para que dichos procesos mejoren para los siguientes años.

Las recomendaciones de la MOE se centran principalmente para el Congreso de la República, una de las principales peticiones es la de hacerle reformas al Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional.

“Esto con el objetivo de resolver los problemas evidenciados en las pasadas elecciones legislativas y presidenciales, y generar mayor certeza y confianza en los resultados en cada una de las etapas de los comicios; así como mayores garantías de transparencia para las organizaciones y partidos políticos”, informó la MOE.

Otra reforma que recomendaron los partidos fue la de reformar el sistema de partidos, particularmente en la implementación de las listas cerradas, con alternancia y que sean paritarias.

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“El actual sistema de partidos no promueve la democracia interna, no es incluyente, y facilita el ingreso de recursos ilegales e ilícitos a las campañas políticas”, afirmó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

La Misión también se refirió a la participación política de los funcionarios públicos, se reiteró la importancia elevar la reglamentación en diferentes categorías, una para gobernadores, otra para ministros, alcaldes o demás funcionarios de entidades públicas.

Frente a la coaliciones políticas, la MOE afirmó: “Los problemas que han surgido por la ausencia de reglamentación son cada vez más graves, en la medida en que se incrementan las incertidumbres sobre cómo deben operar estas frente al funcionamiento en bancadas, la declaración política (de Gobierno, de oposición o independientes), la financiación y la responsabilidad política”.

Finalmente, entre otros temas en los que le recomendó la MOE al Congreso a trabajar es en la violencia contra la mujer en política, sobre la curul raizal, las competencias sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación y el diseño institucional electoral.