La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por doce años al superintendente de Subsidio, Luis Guillermo Pérez Casas. La medida se tomó debido a una serie de acciones irregulares que comprometieron la transparencia y la legalidad de su gestión.
Una de las principales causas de esta determinación del organismo de control fue el desconocimiento de la lista de elegibles de directores administrativos y agentes interventores. Pérez Casas designó personas que no habían participado en la convocatoria, lo que constituye una clara violación de los procedimientos legalmente establecidos para esas designaciones.
Además, el Superintendente enfrenta acusaciones por solicitar aportes a las cajas de Compensación para financiar la Política de Paz Total en Buenaventura, Valle del Cauca, una iniciativa que no contaba con el respaldo legal ni institucional.
Estas acciones han generado un revuelo en el ámbito público, dados los últimos escándalos con supuestos actos de corrupción en la Unidad de Gestión de Riesgos (UNGRD), por lo que la destitución e inhabilitación de Pérez Casas marcan un precedente en la lucha contra la corrupción y el mal manejo de los recursos estatales.
Luis Guillermo Pérez, en su cuenta de X, citó a los medios de comunicación a una rueda de prensa que se desarrollará este miércoles 8 de mayo, a las 10:00 de la mañana, en la sede de la CUT.
Detalles que revela la Procuraduría
La Procuraduría detalló así la irregularidad en la que habría incurrido el Superintendente de Sociedades: “La suspensión provisional y el primer cargo se fundamentaron en que Pérez Casas habría modificado, sin justificación constitucional, legal o reglamentaria, la lista de elegibles mediante la variación de los requisitos inicialmente exigidos, con lo que fueron incluidas personas que no habían participado en la convocatoria realizada en mayo de 2022 o que no cumplían los requisitos mínimos para integrarla”.
Para el Ministerio Público, el Superintendente habría desconocido los principios de igualdad, legalidad y moralidad, entre otros, dado que disminuyó los requisitos exigidos en la convocatoria original con la finalidad de incluir nuevos aspirantes en la lista de elegibles, que era definitiva, obligatoria e inmodificable.
La suspensión provisional en el cargo se fundamentó en el hecho de que, mientras Pérez Casas lo ejerza, podría seguir modificando la lista de elegibles, vigente desde el 5 de agosto de 2022 hasta el 5 de agosto de 2024, y, por tanto, designar directores o agentes liquidadores que no participaron en la convocatoria inicial.
¿Qué pasa con la solicitud de dinero a cajas de compensación?
Sobre la solicitud de dinero a las cajas de compensación para ayudar a la población de Buenaventura, el órgano de control señaló que, independientemente del fin altruista, el funcionario no podía solicitar a las cajas vigiladas contribuciones distintas a las legalmente ordenadas por ley, es decir, para la administración de los recursos parafiscales con los que se financia el Sistema del Subsidio Familiar, el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y el Sistema General de Seguridad Social en Salud.
El Ministerio Público indicó que esa petición se pudo entender como una orden para las cajas de compensación, debido a las funciones que vigilancia y control que Pérez Casas ejercía sobre ellas. Según lo afirmado por el funcionario en un evento público, al 9 de diciembre de 2022 los aportes recibidos superaban los 900 millones de pesos, y para el 15 de diciembre de ese mismo año esperaba completar mil millones de pesos.